Tenemos que volver a hablar del horror. Hace apenas un par de días dedicábamos el editorial a la masacre de cinco adolescentes en Cali, y ahora en Samaniego, Nariño, asesinaron a ocho jóvenes que se encontraban juntos en una casa. Llegaron y dispararon en su contra. No se sabe quién fue, pero hay suficientes indicios. Se trata de un territorio donde las disidencias de las Farc, las autodefensas gaitanistas y varios clanes del narcotráfico están en constante disputa. El Estado demuestra su incapacidad de detener la desangre. Esta historia ya la conocemos. Ocurre la tragedia, se condena públicamente a los responsables, se anuncian investigaciones, se redobla la presencia del Ejército y el tiempo pasa sin mayores cambios. Las raíces históricas persisten y la violencia reaparece. El país entra en un duelo que amenaza con volverse permanente.
La mayoría de las víctimas eran jóvenes. Al cierre de esta edición, El Espectador había identificado estos nombres: Óscar Andrés Obando Betancourt, estudiante de 27 años; Laura Michel Melo Riscos, estudiante de medicina de 19 años; Jhon Sebastián Quintero Cortés, estudiante de 24 años; Byron Patiño; Daniel Vargas Juradó, de 22 años; Rubén Darío Ibarra Andrade y Campo Elías Benavides Erazo. Según datos de la Gobernación, a las 11 de la noche del sábado pasado estaban en una reunión cuando hombres armados llegaron a dispararles.
No es el primer acto de violencia en la zona. Harold Montúfar, líder y exalcalde de Samaniego, dijo que “en el municipio van treinta homicidios por arma de fuego este año. La cifra nos catapulta a ser el municipio con más homicidios en el mundo: 100 por cada 100.000 habitantes. Esto es un despropósito internacional. De igual manera, este año, se ha agudizado el conflicto armado y la deshumanización de la guerra. Ya van dos masacres, se han matado policías, mujeres, jóvenes”. Hace una semana, circuló un video en donde miembros de las autodefensas gaitanistas descuartizaban a dos disidentes de las Farc. Estamos ante un recrudecimiento que busca aterrorizar a las personas.
El gobernador del Nariño, Jhon Alexánder Rojas, dijo que la “presencia de grupos armados en Nariño viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sume en el terror a comunidad”. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, dijo que ordenó “a los generales Eduardo Zapateiro y Jorge Vargas que se desplacen a la zona. Vamos a llegar al fondo y dar con los autores de este crimen”. Así debe ser. Es importante que se establezcan las responsabilidades y que las autoridades actúen.
Sin embargo, queda la pregunta de siempre: ¿cómo vamos a identificar y combatir las causas estructurales? ¿Está el Estado colombiano condenado a ver cómo el narcotráfico, los paramilitares y las disidencias de las Farc hacen lo suyo? ¿Cómo se da seguridad y confianza a los pobladores de la zona? ¿Cómo fortalecemos el Acuerdo de Paz y aumentamos la presencia estatal, llenando los vacíos históricos? ¿Cómo evitamos que esto siga ocurriendo? Las respuestas deben llegar cuanto antes.
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