En la diplomacia es tan importante la forma como el fondo. En los últimos días, el gobierno de transición de Bolivia ha afrontado serios incidentes que involucran a diplomáticos de México y España. La embajadora del primer país, la encargada de Negocios del segundo y su cónsul fueron declarados personas no gratas y conminados a salir del país. Es importante que pronto se aclare lo sucedido, se aplaquen los ánimos y se restablezcan los vínculos diplomáticos.
Este desenlace viene precedido de una serie de desencuentros recientes entre Bolivia y México. De momento, sobre el hecho que generó la drástica medida tomada por la canciller boliviana, Karen Logaric, existen diversas versiones. El 27 de diciembre la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, y su cónsul, Álvaro Fernández, fueron a visitar a la embajadora de México, María Teresa Mercado, en su residencia. Dado que dentro de los vehículos diplomáticos que la acompañaban iban guardaespaldas encapuchados, la policía boliviana y residentes del barrio les impidieron la entrada. Arguyeron que el propósito real de la visita era sacar de la residencia mexicana a varios de los funcionarios del gobierno de Evo Morales, asilados allí desde el cambio de gobierno. Entre ellos el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
El gobierno español negó cualquier participación en los hechos señalados por el gobierno boliviano y prometió iniciar una investigación interna. Bolivia insiste en que los guardaespaldas iban armados y que el objetivo era rescatar a los exfuncionarios de Morales mediante una operación “clandestina”. De allí la fuerte decisión adoptada. Diplomáticos de la Unión Europea emitieron de inmediato un comunicado expresando que la decisión adoptada era “una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de extrema gravedad”. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no van a caer en provocaciones y que por ningún motivo va a entregar a las personas asiladas. “Si entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado”.
Tras la renuncia de Morales se generó una tensión entre Bolivia y México, pues López Obrador le concedió asilo diplomático y permitió que varios de sus colaboradores se asilaran en la residencia de su embajadora en Bolivia, considerando que hubo un golpe de Estado contra el expresidente. El tema fue escalando a pesar de que Morales se asiló luego en Argentina. La víspera de Navidad, cerca de 150 policías bolivianos vigilaban la residencia, supuestamente para brindar “protección”, lo que llevó al gobierno de México a anunciar una denuncia contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, por considerar que las fuerzas de seguridad iban a entrar a la fuerza para sacar a los asilados.
Ante este tipo de situaciones se impone la cabeza fría. Si en efecto hubo un intento fallido de España por sacar a algunos de los nueve asilados en la residencia mexicana en La Paz, y así se prueba, Madrid y Ciudad de México deberán dar las explicaciones correspondientes. En caso contrario, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez debe una excusa a los dos gobiernos aludidos. De momento, Bolivia ha intentado reducir la tensión con España, luego de la presión de los europeos, y anunció el nombramiento como encargado de negocios en Madrid del viceministro de Exteriores, para “fortalecer y restaurar” las relaciones, pues desean “superar este impasse a la mayor brevedad posible”. No ha sucedido lo mismo con México.
Más que la diplomacia del micrófono debe prevalecer el sentido común. Bolivia debería permitir que los asilados puedan viajar a México, de acuerdo con las normas del derecho internacional. Si no, se puede revivir la situación de Víctor Raúl Haya de la Torre, expresidente peruano, quien estuvo asilado 63 meses en la residencia de la Embajada de Colombia en Lima, hasta que el gobierno aceptó darle el salvoconducto.
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