La oferta sobre la mesa de negociación de La Habana estaba clara. A quienes acordaran la paz con el Estado y decidieran desmovilizarse, el Gobierno les daría todas las facilidades para clarificar su situación legal y reincorporarse a la sociedad. Aquellos que no lo hicieran serían perseguidos con toda la fuerza estatal como criminales.
La muerte de Édgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete, es entonces el desenlace natural del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Él sabía a qué atenerse cuando decidió abandonar a sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección y regresar al monte, al narcotráfico y a la guerra.
Ayer, el Gobierno anunció que Cadete, quien era el segundo jefe de la disidencia encabezada por Gentil Duarte, fue abatido en un bombardeo de las Fuerzas Militares. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) llevó a cabo la operación Zeus en un campamento en la zona rural de San Vicente del Caguán.
Además, 250 integrantes de las fuerzas especiales entraron a la zona para retomar objetos de inteligencia. En el operativo también murieron nueve disidentes de la guerrilla.
El presidente Iván Duque dijo que Cadete era “una de las figuras más tenebrosas de esas organizaciones”. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que el disidente “estaba reagrupando a antiguos militantes de las Farc para montar un nuevo movimiento y fue ahí donde logramos neutralizarlos. Hace 510 días, Cadete se había declarado como disidente de las Farc”.
En su historial, el guerrillero abatido tiene el ataque a la sede de Policía de Miraflores, que dejó más de 60 policías asesinados. Estuvo con las Farc desde 1981 y fue ascendiendo en sus filas hasta el punto que fue uno de los miembros de la comitiva de esa guerrilla en La Habana, durante los diálogos de paz con el Gobierno.
Su muerte es un mensaje claro. A todos los que decidieron irse por el camino de la disidencia, las autoridades seguirán persiguiéndolos, quitándoles espacio, lo que pone en riesgo sus posibilidades de supervivencia. Optar por el narcotráfico, por la violencia, en un país que está buscando reinventarse, no solo es una traición a los colombianos, sino que no tiene razón de ser.
Por otra parte, cobra aún más relevancia el pacto de La Habana. Todos los exguerrilleros que han cumplido sus promesas, que están en procesos de reinserción, que van a aportar al proceso de justicia transicional, han visto los beneficios de la legalidad, de un Estado que, mal que bien, les ha cumplido su palabra. Hace poco, Timoleón Jiménez, Timochenko, escribió: “desde los 17 años sé lo que es la guerra. Por eso ayudé con todo entusiasmo a sacar adelante los Acuerdos de La Habana”. La paz es mejor, aunque suene obvio.
Sería ideal no tener que estar dando noticias de bombardeos y muertes. Pero mientras haya quienes insisten en las armas y la disidencia, la respuesta del Estado debe ser la firmeza.
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