La ocasión ha sido estratégicamente planeada para presentar con regocijo no sólo al país, sino a la comunidad internacional, la iniciativa bandera de esta administración: la ley de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Un paso necesario para saldar la difícil deuda que ha dejado el conflicto en el país y que bien puede aprovecharse para reparar su muy maltratada imagen exterior. La ventaja de tan pública y festiva presentación reside además en atarle las manos a un gobierno que, si bien ha sabido maniobrar en el Legislativo, tiene todavía todo por hacer. Es, de lejos, más difícil desistir del esfuerzo, cuando lo que está en juego —y ahora a vista de todos— es la consolidación del país como el líder progresista de la región. Un papel que, entre otras, hasta ahora está aprendiendo a interpretar y cuya legitimidad todavía está por verse.
Así pues, si bien no está de más capitalizar el rédito político de la celebración, es labor del Gobierno salir directo de la fiesta a enfrentar la difícil aplicación de aquello por lo que hoy se le felicita. No es cualquier cosa cumplir con los 16 programas, decretos y documentos Conpes que deben ser aceptados a más tardar seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, ni superar la batalla que se acerca por su interpretación. Es labor del Gobierno decidir, con tino y precisión, cómo van a operar temas como la indemnización administrativa, la reparación colectiva, las medidas de rehabilitación y demás. Al igual que planear cuánto se espera invertir en los próximos diez años y cómo todo se va a financiar. Algo sobre lo que el ministro de Hacienda, muy sabiamente, ha sabido callar, pero sobre lo que ya es hora de entrar a discutir.
Es igualmente tarea compleja lograr la adecuación institucional para garantizar la implementación de los programas. La ley le da al Gobierno hasta un año para crear un departamento administrativo —la segunda institución que le sigue en importancia a un ministerio— y dos unidades especializadas (una de reparaciones y otra de tierras), además de reestructurar la Defensoría del Pueblo; es decir, en un año se deben reglamentar las funciones, dotar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento. Como si esto fuera poco, en un año también deben adecuarse y unificarse los sistemas de información sobre víctimas para que pueda entrar en funciones el registro único y, con éste, los beneficios. El tiempo importa, no sólo por la deuda pendiente, sino por la seguridad de los líderes. Antes de ayer, otro más fue asesinado. Esta vez: Ana Fabricia Córdoba, quien llevaba una década luchando por los derechos de los desplazados.
Desprestigian el proceso tanto la sangre como las injusticias que desde ya se advierten. Inaceptable sería que, en la práctica, se termine discriminando entre víctimas de primera y de segunda categorías. Sería una vergüenza que los más pobres reciban la compensación justa en relación con su sufrimiento y las capacidades del Estado, mientras políticos de alta línea ganan las millonarias demandas que han interpuesto —para citar unos ejemplos, Gloria Polanco reclama 12.530 millones de pesos; Orlando Beltrán, 7.895 millones; Jorge Eduardo Géchem, 7.380 millones, entre otros—. No es muy claro cómo va a enfrentar el Gobierno la lidia de abogados, pero no está de más recordar que fue por excepciones a privilegiados que se inició, en primer lugar, este conflicto.