Nadie niega que el desempeño del ex ministro Arias, un tecnócrata joven con las suficientes credenciales académicas para hacerse notar, fue sobresaliente a la hora de encontrar recursos para una cartera que tradicionalmente pasaba de agache en materia presupuestal. Defensor acérrimo del frustrado TLC, en más de una ocasión se le vio en defensa de la inversión extranjera como éxito central de la política de seguridad democrática. El aumento en el gasto público, argumento que siempre trajo a colación en sus rendiciones de cuentas, fue el caballo de batalla con el que enfrentó a sus más severos críticos.
Los resultados, sin embargo, dejan dudas que bien vale la pena retomar. Tras un muy buen momento para la economía colombiana, el agro no tuvo el desempeño esperado. Más de un analista, de hecho, anunció la crisis y el entonces ministro Arias, renuente a aceptar la realidad, les salió al paso a sus críticos recordando el mal manejo del agro en épocas anteriores y aduciendo problemas metodológicos en la manera de hacer los cálculos. Si en 2008 el precio de los alimentos creció de manera inusitada, con seguridad de la mano de los precios externos y el impacto negativo del clima, nada se dijo, ni entonces ni ahora, de los problemas que derivan del excesivo proteccionismo y la proliferación de subsidios directos e indirectos con que se les dio preponderancia a los empresarios acaudalados.
Bajo ese mismo modelo, la errática ley de bosques, con todo y lo perjudicial que era para los parques naturales y las comunidades afrodescendientes e indígenas, y antes de que la Corte Constitucional hiciera valer los derechos de las minorías y lograra oponerse al silencio indolente del Ministerio del Medio Ambiente, fue promovida por el ministro Arias, a quien se le escuchó decir que las críticas obedecían a la “mitología surrealista”. En su política agraria, como también ocurrió con la polémica “ley de desarrollo rural” —que la Procuraduría atacó por abrirles la puerta a los violentos y permitir que se legalicen predios que les fueron arrebatados por la fuerza a sus dueños—, las predilecciones fueron para el desarrollo empresarial, en detrimento de los pequeños productores.
Ejemplo emblemático, el escándalo de Carimagua confirmó la desatención de aquellos que con más premura requerían de la protección y el cuidado del Estado. Como se recordará, bajo argucias técnicas de diferente índole —la infraestructura del terreno no es suficiente para atender a tantas víctimas de la violencia, el nivel de acidez de la tierra es excesivo, etc.—, el ministro Arias tomó la decisión de revertir el proceso que les entregaría el predio de 17 mil hectáreas a familias de desplazados para darlo en concesión a empresarios privados. Pese a que la presión mediática, de la oposición y la oportuna reacción de la Procuraduría lo impidieron, el Gobierno insistió, y aún lo hace, en que es preciso darles mayor atención a quienes tienen el dinero para generar el desarrollo.
En síntesis, lo que hemos presenciado en materia de política agraria es la creencia de que las comunidades campesinas y las minorías étnicas no disponen de capacidades suficientes para participar activamente en la generación de su propio progreso. Y preocupa, por lo demás, que ante el proceso de contrarreforma agraria agilizado por el paramilitarismo y el narcotráfico desde mitad de los años ochenta, el problema de las tierras no sea el eje central del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se cree, no se sabe si por ingenuidad o por mala intención, que el mercado habrá de repartir de la mejor forma posible las tierras disponibles, como si los actores del conflicto no formaran parte del paisaje rural y los desplazados lo fueran de tierras que nunca les pertenecieron.