La discusión entre el Gobierno Nacional y varios alcaldes del país ocasionada por la sobretasa de la gasolina necesita una solución que, si bien es compleja de encontrar, tenga en cuenta que ambas posiciones enfrentadas tienen argumentos razonables. La reducción en los precios de la gasolina implica un ajuste que debe sentirse en todo el país (no sólo a nivel del Ejecutivo nacional), pero no pueden obstaculizarse los necesarios proyectos de desarrollo.
La decisión fue tomada por el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, quien esta semana explicó que “la caída del 42 % en promedio en los precios del crudo, que a su vez ha tenido un impacto del 28 % de caída en el precio de la gasolina, evidentemente genera una reducción de los ingresos para los entes territoriales”. La resolución también fue justificada en tres artículos de la reforma tributaria que, al reformar la venta de hidrocarburos, modificaron la estructura del cobro de la sobretasa. Son los artículos 181, 182 y 183 de la norma, con los que fue actualizado el estatuto tributario. Aunque esta semana, en entrevista con Blu Radio, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, insistió en que la medida no está relacionada con la reforma tributaria, y que el Gobierno y los alcaldes deben encontrar una solución “sana” a la nueva realidad económica.
La indignación de los representantes de los entes territoriales es entendible. El año pasado la sobretasa (25 %) para la gasolina corriente se calculaba sobre un precio base de $5.078. Ahora, gracias a la resolución, se calculará sobre un precio de $3.663. En plata blanca, esta reducción implicará que los municipios dejarán de recibir alrededor de $500.000 millones al año, dinero que por norma se debe destinar al mantenimiento de la malla vial, la construcción de nuevas vías y la financiación de sistemas de transporte. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que la capital perderá unos $120.000 millones que ya tenía presupuestados, entre otros fines, para iniciar la construcción del metro. Maurice Armitage, burgomaestre de Cali, denunció que esa ciudad dejaría de recibir $20.000 millones. Lo propio hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo que “eso se llama más centralismo, es un golpe a la descentralización en todos los municipios. Cada vez nos entregan más responsabilidades, pero nos quitan más plata”.
La queja no es carente de sustento: mientras se reducen los ingresos de los municipios, el precio de la gasolina permanecerá igual por la entrada de nuevos impuestos que irán destinados a la Nación. Por eso, cuando el ministro Arce advierte que derogar la resolución aumentaría el precio de la gasolina para los colombianos, tiene razón, pero los alcaldes le contestan que se están priorizando los recursos nacionales sobre los regionales.
En esta Colombia austera hemos apoyado la necesidad de que todos se aprieten el cinturón. No obstante, preocupa la falta de coordinación entre el Gobierno y las entidades territoriales, más con un cambio que era previsible. Tampoco puede obstaculizarse el desarrollo de las ciudades colombianas, que entendemos como una prioridad para salir de las vacas flacas.
Ya se están realizando reuniones entre los alcaldes y los ministerios. Ojalá se encuentre pronto una solución para empezar la ejecución de los presupuestos del año.
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