El reciente terremoto en Haití es un nuevo hecho que golpea a este país, profundizando la crisis política, social y económica por la que atraviesa. Cerca de 2.000 personas fallecidas, más de 7.000 heridos y la destrucción causada se suman a las devastadoras consecuencias del terremoto ocurrido hace 11 años y sus 300.000 víctimas, el reiterado paso de huracanes, como Matthew en 2016, así como de ciclones y del reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. La comunidad internacional, sin mayor dilación, debe actuar de manera coordinada y pronta para hacer llegar la ayuda a la isla.
A pesar de que la potencia del terremoto y su cercanía con la superficie fueron mayores que en 2010, el que se hubiera presentado en una zona no tan densamente poblada, en el suroeste del país, evitó que las consecuencias hubieran sido peores. Las cifras de muertos y heridos pueden aumentar, mientras que el balance en materia de destrucción total o parcial de las viviendas es muy elevado. Se calcula que hay unas 61.000 casas destrozadas y cerca de 80.000 con daños considerables, así como hospitales, iglesias y escuelas. Lo que hace más compleja la situación es que la infraestructura era de por sí precaria, lo que agrava aún más los padecimientos de los sobrevivientes. De acuerdo con el gobierno, alrededor del 40 % de los 1,6 millones de habitantes que viven en los tres departamentos más afectados por el sismo: Sur, Grand’Anse y Nippes, requieren asistencia humanitaria.
Según las informaciones, la situación es lamentable. En el caso de la ciudad de Los Cayos no existen los equipos médicos, medicinas, camas, carpas ni los implementos necesarios para atender a las víctimas. Con respecto a los demás damnificados, no hay agua ni alimentos para satisfacer las necesidades básicas de las personas. De otro lado, el problema de las ayudas está vinculado a dos aspectos complejos de atender: en primer lugar, un gobierno inexistente, que recién comienza a organizarse, con Ariel Henry como nuevo primer ministro, luego del reciente asesinato del presidente. De otro lado, la proliferación de bandas armadas, que secuestran y asesinan sin que las autoridades puedan enfrentar este tipo de delincuencia que se ha tomado el país. La distribución de la ayuda internacional deberá ser entregada en medio de este caos reinante, donde el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la criminalidad hacen mella.
Atendiendo a esta realidad que se vive en Haití, es comprensible lo que está sucediendo con los miles de haitianos que están viajando desde el cono sur del continente, pasando por Colombia, para llegar hasta Estados Unidos. Se trata de un país de 11 millones de habitantes que para algunos analistas es un Estado fallido, que vive de la solidaridad internacional y no ofrece opciones dignas de vida para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, lo que explica este éxodo permanente de migrantes. Luego del terremoto de 2010, Naciones Unidas envió una misión que buscó infructuosamente estructurar un concepto de Estado, con instituciones eficientes, una policía profesional —en cuya preparación participó la Policía de Colombia—, así como las bases agrícolas e industriales para un mínimo despegue económico. La misión terminó sus actividades en medio de un gran escándalo tras la epidemia de cólera que se expandió por el país, así como las acusaciones de abusos sexuales.
El esfuerzo que se lleve a cabo para atender Haití debería incluir no solo la urgente ayuda humanitaria que se requiere de inmediato, sino el envío de una nueva misión internacional que ayude a que los haitianos puedan estructurar un país en el que prevalezca el Estado de derecho. De otra manera, se continuará con una compleja situación que seguirá afectando no solo a sus habitantes, sino a los demás países de la región.
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