Esta semana Bogotá vio cómo una protesta que empezó con un bloqueo de la vía exclusiva en la estación San Mateo (en Soacha), a causa de las demoras de los articulados, acabó en una batalla campal: enfrentamientos entre ciudadanos y el Esmad, 20 estaciones cerradas, 24 buses dañados, decenas de manifestantes en las calles y miles de personas que tuvieron que desplazarse a pie por el colapso del sistema. Tal vez lo más sorprendente es que esta haya sido una de tantas protestas que ya se normalizaron en la capital: según las cifras de TM, se estima que hay una obstrucción al día en las troncales, que dificulta la operación y afecta el sistema.
No son para menos los reclamos. Como le explicó a El Espectador Lorena Henríquez, habitante de Soacha, “tenemos derecho a protestar. El pésimo servicio es un motivo de peso. Estamos cansados de buses llenos, de esperar más de 30 minutos para que pasen y, fuera de eso, de que nos suban el pasaje sin que nada mejore”. Las cifras sustentan esa posición. El transporte público de la ciudad está en un punto crítico. El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), planteado como la solución inmediata para los problemas de movilidad, ahora tiene en aprietos a los operadores y le generó un hueco al Distrito de casi $900.000 millones en 2015 y de $690.000 millones en 2016, y los bogotanos tendrán que asumir el alza del pasaje: $400 en 15 meses.
Si bien es poca la responsabilidad que le cabe a la administración Peñalosa en que el caos haya llegado hasta este punto, y el molesto aumento de la tarifa haya sido inevitable para la subsistencia de un sistema desfinanciado, es necesario que acelere las mejoras, así estas involucren decisiones radicales. La intervención del transporte público no debe resignarse únicamente a la —necesaria, de todas maneras— construcción de infraestructura y mejoramiento del parque automotor. Es momento de cambiar las reglas del transporte de la ciudad. Porque ya lo hizo una vez, sabemos que el alcalde está a la altura del reto, pero es importante que la ciudad vea medidas pronto.
Dicho lo anterior, lamentamos que las protestas genuinas se vean manchadas por los violentos y los oportunistas políticos. Nos repetimos una vez más: no es más escuchado quien tira una piedra o destruye bienes públicos que nos pertenecen a todos y se pagan con nuestros impuestos. También es irresponsable ver cómo los partidarios de la revocatoria aprovechan cualquier situación para echarle leña al fuego. Como pasó cuando Gustavo Petro gobernaba, pero ahora con actores distintos, hay quienes prefieren ver que su ciudad arda antes de permitir que gobierne alguien que piensa distinto. Así es muy difícil que la capital supere sus múltiples retos, incluidos los de Transmilenio.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.