Lo mejor para el país y para la credibilidad de la Fiscalía sería que el fiscal general, Fernando Barbosa, se declarara impedido en las investigaciones relacionadas con los audios del Ñeñe Hernández. El nombramiento de un nuevo fiscal ad hoc para darle rápida y transparente investigación al escándalo que no para de crecer es conveniente para todos los involucrados, pues no es momento de que cuestionamientos tan graves se alarguen sin ser resueltos.
El ruido que despertaron las revelaciones de Gonzalo Guillén ha enrarecido el debate público. Desde ciertos sectores del uribismo, la declaración de la Fiscalía de que los audios no estaban en su control sirvieron como herramienta para sugerir que todo era un montaje. Sin embargo, el fiscal Barbosa dijo hace unos días que “la Fiscalía ya tiene en su poder esos audios”, explicando que “ni el director de la Policía (general Óscar Atehortúa) ni el de la Dijín (general Fabio López Cruz) me informaron que tenían esos audios”.
En todo caso, el hecho es que las grabaciones sí existen. Los indicios de malos comportamientos de personas directamente ligadas con la campaña presidencial del Centro Democrático deben ser investigados en profundidad. No hay alternativa.
Si bien el fiscal Barbosa ha sido contundente en sus declaraciones, y ha tomado decisiones acertadas para que avancen las investigaciones, sobre su carrera hay un peso ineludible: su cercanía con el presidente Iván Duque. Es un claro conflicto de intereses investigar la campaña que llevó a la Presidencia a quien es su amigo personal desde la universidad. El paso del ahora fiscal por el gobierno Duque pone en duda su idoneidad para ser quien lidere el esclarecimiento de estos señalamientos. Por eso, es momento de dar un paso al costado y de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que, como lo hizo en su momento con Odebrecht y Néstor Humberto Martínez, nombre un fiscal ad hoc.
Ese es el riesgo en el que se incurre cuando el presidente nomina y la Corte elige a personas que son del círculo íntimo del primer mandatario. Lo que está en discusión no es la buena fe del fiscal general, sino el hecho de que la credibilidad del proceso y del ente investigador son blancos fáciles cuando hay nexos probados de intimidad entre los involucrados en un proceso. Entre más tiempo tardemos en reconocer esta situación ineludible, peor será la polarización en el debate público y cualquier decisión que se tome será leída con suspicacia. Colombia tiene que evitarse eso.
Los audios del Ñeñe Hernández siembran dudas sobre la integridad de la democracia colombiana y del comportamiento del partido de gobierno. Por eso mismo, el país necesita saber si ocurrieron hechos criminales y, de ser así, quiénes son los responsables. Lo inverso también es cierto: si aquí no pasó nada cuestionable, la Fiscalía debe poder sustentar sus conclusiones con claridad y sin despertar sospecha alguna.
El fiscal Barbosa debe declararse impedido. De allí, deberá nombrarse un fiscal ad hoc con un mandato amplio y todos los recursos necesarios a su disposición para investigar y llegar a conclusiones pronto. Con la legitimidad no se juega.
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