Mientras el país espera que la Corte Constitucional se pronuncie en dos casos separados sobre el ejercicio de la prostitución, su coincidencia en los despachos del alto tribunal evidencia los conflictos que surgen por la ausencia de regulación y pone sobre la mesa la urgente necesidad de proteger adecuadamente a quienes ejercen el trabajo sexual voluntariamente.
En el primer caso, la Corte deberá decidir si se puede prohibir la prostitución cuando no está reglamentada en los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios. El segundo se refiere a una demanda en contra de los artículos 43 y 44 del Código de Policía, que listan una serie de requisitos para los lugares en donde se ejerce la prostitución, así como para las trabajadoras sexuales, los propietarios y administradores de los establecimientos.
A raíz de este último caso, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que dijo que “es imperativo que el Congreso asuma la necesidad sentida de expedir una regulación específica e integral sobre el fenómeno de la prostitución, con la cual se viabilicen los derechos de las personas que la ejercen y se establezcan medidas efectivas para facilitar nuevas oportunidades de vida para esta población”.
Concordamos con el Ministerio Público en esa posición. Como lo han establecido activistas, académicos y sindicatos, el prohibicionismo y la criminalización de la prostitución fomentan la clandestinidad, la violencia policial, la discriminación y ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen.
La regulación, además, debe ser producto del diálogo y de la creación de mecanismos y espacios que faciliten la participación de quienes se dedican al trabajo sexual. Sería un grave error y un atropello más marginarlos del diseño de leyes y políticas públicas que regulen su trabajo.
También debe partir de los precedentes que ha sentado la Corte sobre el tema en el pasado y que han reivindicado los derechos de las trabajadoras (en su mayoría mujeres) que defienden la prestación voluntaria de sus servicios sexuales como un modo de vida y un trabajo tan digno de regulación estatal como cualquier otro.
Reglamentar el trabajo sexual no desconoce los problemas de trata de personas, proxenetismo y explotación que lo rodean. Por el contrario, puede contribuir a combatirlos y crear controles más estrictos. Como le dijo Franklin Gil, docente de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional al diario El Tiempo, “idealizar el trabajo sexual y pensar que allí no hay problemas que exigen con urgencia una regulación es tan ingenuo como pensar que bajo propuestas como la de (sancionar a los clientes) no subyace una perspectiva moralista que, en últimas, le apunta a esconder bajo la alfombra un fenómeno que no va a desaparecer por más multas que se impongan”.
Nos unimos al llamado de la Procuraduría para que el Congreso defienda los derechos de las trabajadoras sexuales, les garantice el acceso a servicios sociales y de salud, las proteja de diferentes tipos de violencia y ayude a combatir la trata de personas y la explotación sexual.
Eso no impide reconocer que la prostitución no puede ser la única opción de quienes la ejercen y menos aún para quienes llegaron a ella en condiciones de extrema vulnerabilidad, como la pobreza o el desplazamiento forzado. Algo que debería contemplarse en la regulación es que el Estado ofrezca ayuda y orientación a quienes decidan dejar el oficio.
La pregunta no es si queremos regular o no, es si queremos que una actividad que existe siga desarrollándose al margen de la ley.
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