Los síntomas del problema son evidentes: la Policía Nacional necesita una reforma estructural. No ha sido suficiente la iniciativa que, con apoyo de la institución y del gobierno del presidente Iván Duque, se ha tramitado en el Congreso. Sin un proceso amplio y eficiente de concertación, que además sirva de manera transparente para mostrarles a los colombianos cómo se está forjando un reinicio de las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía, vamos a seguir cargando las justas tensiones creadas por una acumulación de escándalos. Varios casos recientes demuestran esta necesidad.
Se cumplieron dos años del asesinato de Dilan Cruz y todavía no hay respuestas por parte de la justicia. Lo dijo su hermana, Denis Cruz, en un mensaje en Twitter: “Hoy hace dos años mataron a mi hermano Dilan y esta es la hora en la que no se ha visto una sola gota de justicia por el asesinato de él, ni una, nada”. De nada sirvió que el disparo quedó grabado. De nada ha servido el acompañamiento de la sociedad civil. Pasó lo que sabíamos que ocurriría: el caso de Cruz entró en una pelea de competencias entre la justicia ordinaria, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. Apenas este año la Corte Constitucional dijo que lo ocurrido tendría que ser investigado por la ordinaria. Tanto tiempo no ha hecho más que reforzar la desconfianza de los colombianos que consideran que la impunidad es la norma en los casos de abuso de la fuerza. Incluso si la decisión final es que el policía que disparó actuó de manera correcta, la ausencia de una sentencia que lo aclare se une a un panorama desolador.
Esa sensación de impunidad no para ahí. Diez años tuvieron que pasar para que la justicia reconociera que miembros de la Policía no solo asesinaron al grafitero Diego Felipe Becerra, sino que iniciaron una conspiración de alto nivel para alterar el lugar de los hechos y quedar libres al final. Una década de amenazas a los familiares sobrevivientes, de mentiras en medios de comunicación, de estigmatizar la memoria de una víctima del abuso estatal. Hace menos de un mes sentenciaron a 22 años de prisión al coronel retirado Nelson de Jesús Arévalo y al patrullero Wílmer Antonio Alarcón, quien disparó. Sin embargo, la desazón persiste porque hay sospechas sobre el involucramiento de otros miembros de la Policía, algunos aún en servicio activo.
En medio de todo esto, es inevitable hablar de Tuluá. ¿Cómo un centro de formación de policías decide homenajear a Alemania disfrazándose de nazis? ¿Qué tipo de educación se recibe en la que ninguno de los involucrados pensó que se trataba de una pésima idea, de una ofensa para las víctimas del Holocausto y de una cachetada para dos de los aliados estratégicos más importantes del país? El presidente Duque dijo que “rodarían cabezas” por lo ocurrido, pero esa actitud no ataca el problema de raíz. ¿Cómo mejoramos la pedagogía en la Policía?
Estos casos no representan a todos los policías, pero sí muestran falencias de la institución que envenenan la relación entre las autoridades y la ciudadanía. Por eso se necesita un cambio profundo, discutido ampliamente y que tenga en cuenta el dolor que han generado estos años de escándalos.
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