Uno de los peores efectos que las redes sociales tienen sobre el debate público es la normalización de las expresiones ofensivas y radicales; el ver al “otro”, la contraparte ideológica, como un sujeto que puede recibir cualquier tipo de insulto y que merece portar los peores adjetivos. Lo que hemos visto recientemente es que esa dinámica ha llegado también a instancias de poder. ¿Qué dice de Colombia que tantos funcionarios del Estado hayan sido descubiertos utilizando sin vergüenza la violencia retórica?
Primero fue la cuenta de Twitter de la Superintendencia de Notariado, que tildó a dos periodistas de ser unos “hp”, “bandidos” y “judíos”. Después se supo que esos comentarios los realizó el comunicador Carlos Alberto García, quien manejaba las redes de la entidad y cometió el “error” de utilizarlas para esparcir ese odio. Dos preguntas lógicas se desprenden de ahí: ¿dónde se habrían publicado esos mensajes si García no se hubiera equivocado de cuenta? Y, más importante aún, ¿por qué alguien siente que tiene el derecho de utilizar ese tipo de lenguaje y acusaciones contra otra persona?
Después fue el Twitter de la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, que publicó mensajes ofensivos y calumniosos contra la periodista Vicky Dávila y el senador Gustavo Petro. Nuevamente, la culpa la tuvo un encargado de redes. Mucha gente pidió que no se juzgara al joven por su “error”.
Luego se conoció una grabación de Juan Pablo Bieri, exgerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, diciendo que quien critique al Gobierno está mordiendo “la mano que le da de comer” y planeando un grotesco acto de censura.
Para completar el póker, Ignacio Greiffenstein, hoy exdirector de Televisión de la Presidencia, utilizó Twitter para criticar a las “putas petristas”. En su cuenta también se encontraron otros mensajes anteriores: “Las putas creen que llamándose prepagos se ven más elegantes y son menos putas”; a una tuitera le escribió “cuídese, porque si algún día les da por matar zorras, usted está muy expuesta”. Aquí, también, hay quienes pidieron excusar el “error”.
No son simples errores, son síntomas de un problema mucho mayor. La prevalencia de los trolls, esas cuentas, a menudo anónimas, que llenan los espacios de comentarios con insultos y falacias, es una característica detestable e inevitable de internet. El problema es que la prevalencia de ese tipo de mensajes ha llevado a que las personas crean que se trata de discursos válidos, maneras adecuadas de ver el mundo y de referirse a las diferencias políticas.
No podemos ignorar que detrás de esos comentarios, como lo escribió Cecilia Orozco en El Espectador, se “encierra una carga de ira que puede explotar de cualquier manera, incluso con violencia física”.
¿Por qué tantos miembros del Gobierno han caído en escándalos similares? ¿Cuál es el rol que los líderes políticos han cumplido en esta normalización del extremismo y del odio? ¿Cómo se construye la unidad nacional cuando hay quienes creen que esta es una manera válida de expresarse? ¿Cómo vamos a evitar que el debate público nacional no se convierta en otra cloaca más, plagada de trolls?
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