Una buena idea deja de serlo si no es ejecutable, al menos cuando se trata de políticas públicas. Eso es lo que, después de un año en la Casa de Nariño, está descubriendo la administración de Gustavo Petro. A pesar de tener buenas intenciones, varios de sus proyectos insignia se han estrellado contra el muro de la Corte Constitucional. Las razones no son, como han intentado sugerir los partidarios del Gobierno, meros caprichos, sino un notable desconocimiento de cómo funciona el equilibrio de poderes y cuáles son los requisitos que impone la carta política para establecer reformas. No es momento de perder más tiempo estigmatizando a los magistrados, sino de recalcular la estrategia política para que el Gobierno del cambio no se quede en el aire.
Primero fue el decreto de emergencia en La Guajira, que por buscar una intervención con afán se saltó las reglas de la democracia y terminó siendo tumbado por la Corte. Ahora, el tribunal constitucional sacó del ordenamiento jurídico un artículo importante de la reforma tributaria que buscaba aumentar el recaudo. Esta última decisión le quita $2,7 billones al Estado este año y unos $2,2 billones que se esperaban el año entrante, lo que es un golpe severo a los planes del Gobierno. En una sola decisión se pierde un tercio de lo que se esperaba recaudar y el presidente Petro respondió con frustración, diciendo que le tocará al ministro de Hacienda “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.
Antes de discutir el fondo de la decisión, preocupa que el presidente Petro utilice ataques velados contra la magistratura. Aunque el viernes pasado hizo todo un esfuerzo retórico por decir que su intención no era presionar a la Corte, que su primera respuesta haya sido hablar de una reducción en el dinero a disposición de la Rama Judicial suena a retaliación. Más aún cuando el presupuesto general de la nación es suficiente para garantizar que las ramas del poder público funcionen. Es un mensaje que se une a la hostilidad que manifestó cuando se cayó el decreto de emergencia en La Guajira. Esa práctica ya característica de su presidencia, que consiste en señalar de enemigos a todos los que entorpezcan la agenda del Gobierno, es preocupante, no solo por las implicaciones que tiene para la democracia, sino porque sigue polarizando a los colombianos. ¿Será que pasarán los cuatro años de gobierno y solo quedarán las peleas constantes con otras ramas del poder público?
La reforma tributaria buscaba aumentar el recaudo sobre la explotación de hidrocarburos al prohibir que se descuente el pago por regalías de lo que se paga en impuestos al Estado. La discusión de fondo, que se anunció incluso cuando la reforma era un proyecto de ley, es que el Gobierno estaba confundiendo ingresos con gastos operacionales. Por eso la Corte Constitucional, en una decisión de siete contra dos, dijo que se violó lo que dice la carta política. El pago por regalías, explicó, no es un ingreso sino un costo de operaciones y por eso no se puede gravar. Modificarlo implicaría una reforma a la Constitución, algo que el gobierno Petro no hizo. ¿Se trata de un golpe a las finanzas del Estado? Sin duda tendrá efectos, pero las razones son claras. Lo que necesita Presidencia es aprender a aterrizar sus buenas ideas y convencer dentro de las reglas democráticas antes de querer imponer, para así no tener que navegar de frustración en frustración y de rabieta en rabieta.
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