El incendio en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca) es la crónica de una tragedia anunciada. Y repetida. Sabemos que las cárceles del país están hacinadas al punto de ser espacios inhumanos (la tasa de hacinamiento en el país es del 18,04 %). Sabemos, también, que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a menudo se ven superados por la falta de recursos y por estar en espacios sin inversión ni remodelación. Ahora, una vez más, tenemos que ver lo horrible: 51 personas muertas y 49 heridas, varias de ellas de gravedad, por un incendio que se salió de control. Mientras tanto, la política criminal imperante en Colombia sigue creando delitos y aumentando las penas, introduciendo más personas a un sistema penal y penitenciario colapsado. ¿Hasta cuándo?
Según el general Tito Castellanos, director del Inpec, el pabellón 8 de la cárcel de Tuluá cuenta con 160 personas recluidas. Cuando se inició una riña entre los presos, la situación se salió de control y empezaron a prender fuego a los colchones. Aquí viene una falla estatal: la cárcel no contaba con sistemas contra posibles incendios. En palabras del general Castellanos: “Como es un pabellón de hace 60 años no tiene sistema antincendio, lo que manejamos son los extintores portátiles que están a cargo de la guardia”. Esto, en un centro carcelario con una sobrepoblación del 17 %. Resultado, estamos ante una tragedia: 51 personas murieron en condiciones terribles, la mayoría por inhalación de humo, con el riesgo de que esa cifra aumente a medida que pasen los días, pues hay heridos de gravedad.
Ya la Fiscalía anunció que “un equipo de 25 personas, conformado por fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística del CTI y peritos forenses de Medicina Legal, asumió investigación por hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá”. También la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que el sistema hospitalario está atendiendo a los heridos y que las familias fueron notificadas. Son reacciones apenas necesarias. Por supuesto, las investigaciones deben decirnos qué ocurrió. Sin embargo, esta es una razón más para insistir en un cambio en la manera en que Colombia entiende la utilidad de las cárceles.
Siempre que ocurre una tragedia en un centro penitenciario colombiano hay una combinación de factores que estancan el debate. Por un lado, las autoridades no son transparentes sobre lo que ocurrió. Por otro, hay cierto desinterés en la opinión pública, un desdén hacia lo que ocurre dentro de lugares creados para el castigo y no para la resocialización. Y así, el populismo punitivo sale triunfante. De nada sirve que desde hace años la Corte Constitucional dijera que la situación en las cárceles era indigna e inhumana. Poco importan las cifras de hacinamiento, de delitos cometidos adentro, de corrupción y de incapacidad del Inpec para cumplir sus funciones. Incluso las fugas escandalosas se toman las noticias unos días, cobran algunas responsabilidades políticas, pero nada cambia de fondo.
La solución no es mandar más personas al sistema penitenciario y esperar que eso, de alguna manera, solucione el problema del crimen en Colombia. Los jueces y fiscales no dan abasto, las cárceles, como vemos, son trampas peligrosas para quienes están allí. Hablar de Tuluá sin mencionar una reforma estructural del Código Penal es saber que vendrán más tragedias. Necesitamos despertar.
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