Se complicaron las cosas a tal punto que desde el 15 de septiembre se suspendieron las clases y más de una vez se consideró la posible cancelación del semestre. Por fortuna, el próximo lunes se retomarán la totalidad de los cursos. No era para menos. El motivo del paro estudiantil fue simplemente necio. La implementación de un carné de identificación para ingresar al campus no tenía por qué causar tal alboroto. Sin embargo, las mafias de ventas ambulantes y de estupefacientes perjudicadas por la medida se movilizaron con agilidad y entre piedras y arengas lograron adherir fieles a la causa. El obsoleto discurso de los años 60, en medio del romanticismo ramplón de la protesta violenta, una vez más consiguió un par de seguidores y el blindaje propio que algunas esferas sienten deben brindar a este tipo de revueltas.
Se oyó así, entre los manifestantes, que controlar el acceso a la universidad significaría ponerle cerrojo a la institución y, al hacerlo, privatizar un espacio por naturaleza público. Acción que, sugerían, llevaría eventualmente a que el alma máter perdiera su movilidad y dinamismo. Sin embargo, esta vitalidad que alegan está en realidad representada en tres estudiantes mutilados por papas bombas y en las sobredosis dentro del campus. O en los jíbaros que atemorizaran a los miembros del plantel para confirmar su autoridad sobre “El Aeropuerto”, espacio de la universidad ya casi de su propiedad. O en las ventas ambulantes que terminan en duras riñas o extorsiones producto de los monopolios sobre los espacios “públicos”. Pese a todos estos infortunios, los protestantes gritaban furiosos “La universidad es de todos”, sin tomarse siquiera la molestia de pensar en soluciones alternativas al controvertido control de ingreso.
Sin desconocer el valor de las manifestaciones, es claro que una cosa es dar espacio a los disensos y otra muy diferente es que éstos entorpezcan uno de los únicos espacios de producción de conocimiento y movilidad social en el país. Ya es tiempo que las universidades públicas y el Estado establezcan estrategias para dejar atrás las redundantes protestas violentas y se comprometan con lo que realmente les corresponde, lo cual no pudo haber quedado más claro que en las palabras del rector de la Udea, Alberto Uribe Correa, cuando insistió en que el pacto entre universitarios y sociedad consiste en “destinar recursos públicos a la formación de miles de jóvenes con carencias económicas, para investigar las múltiples problemáticas que vive la sociedad y para contribuir a la superación de la pobreza y la inequidad”.
Por fortuna, son más los estudiantes que entienden este compromiso que los que no. Según una consulta realizada por las directivas de la Universidad de Antioquia, el 91,59% de los consultados, es decir, 31.292 personas, piensa que la universidad debe estar destinada “exclusivamente al cumplimiento de las funciones misionales y no para el uso de prácticas ilegales y ventas informales”, y un 98,98%, es decir, 33.815 personas, dijeron que estaban de acuerdo con que en la universidad no existieran intimidaciones y se comprometían a no ejercer prácticas que convoquen a la violencia, la amenaza y la intimidación. Estos resultados evidencian de forma clara que los estudiantes sí quieren aprovechar las posibilidades que se les ofrecen, pero que sus voces se ven opacadas por aquellos que buscan entorpecer su proceso. No se puede permitir que tantos jóvenes se sigan viendo perjudicados por aquellos que sólo saben intimidar. El futuro de las universidades públicas depende de que las autoridades competentes sean capaces de restablecer el orden que, en primer lugar, nunca debieron dejar perder.