No obstante las expectativas que se tejieron frente a la posibilidad de que el presidente Barack Obama iluminara la discusión sin demasiados moralismos, era fácil prever que habría importantes diferencias con respecto a las políticas implementadas por Reagan, Clinton y las dos administraciones Bush. El zar Antidrogas, Gil Kerlikowske, ya había dado muestras de su interés en un cambio de rumbo para la costosa, discriminatoria e ineficaz lucha frontal contra las drogas.
Como ya lo han notado algunos analistas, lo que más sobresale en la Estrategia Nacional 2010 es el empleo de un nuevo lenguaje. No se hace mención alguna de esa misma guerra que ya otros países, con excepciones como Colombia, han declarado perdida. El énfasis de esta propuesta, a partir de metas concretas y cuantificables, está puesto en la reducción del consumo y sus consecuencias. La prevención, aunque en la práctica aún lejos, gana terreno. El programa, además, viene precedido de una serie de esfuerzos del Departamento de Justicia por quebrar el círculo infernal de quien sale de la cárcel y delinque para consumir. Debe destacarse, en esto, una mayor tolerancia de la autoridad federal frente a las leyes que regulan en los Estados el uso médico de la marihuana y permiten, en algunos casos, el empleo de los recursos estatales para programas de intercambio de jeringas, que reducen las probabilidades de contraer sida entre los adictos a la heroína. Como lo constata el director de la Alianza para las Políticas sobre las Drogas, Ethan Nadelman, finalmente la ciencia empieza a imponerse sobre la política y los prejuicios, aun en el campo de las políticas antidrogas.
Con todo, el enfoque policivo persiste. No obstante la nueva retórica, el grueso de los recursos estadounidenses destinados al tema de la droga será empleado en arrestos y esfuerzos de interdicción. La reducción de la demanda se hará con apenas el 36% de lo disponible, según cifras del mismo Nadelman. Por consiguiente, a las cárceles se seguirán enviando las cerca de 750.000 personas que al año son arrestadas por portar pequeñas cantidades de marihuana. Es más, pese a que hay mayor disponibilidad para los tratamientos médicos que requieren los adictos, la Estrategia 2010 no derrapa en el revolucionario enfoque de reducción de riesgos que ya ha sido puesto en práctica con éxito en Canadá y algunos países de Europa. En síntesis, no hay un compromiso tácito con la posibilidad de considerar las drogas como un problema de salud pública.
Pero hay avances. Aun los más escépticos reconocen que la administración del presidente Obama no tiene el margen político requerido para desmontar en tan corto tiempo cerca de 30 años de políticas prohibitivas. Las nuevas directivas no modificarán sustancialmente el estado de las cosas, pero constituyen un buen punto de partida. Sin que esté explícito en el nuevo enfoque, queda claro que los Estados Unidos están renunciando al utópico sueño de la desaparición de las drogas. La Estrategia 2010 parece querer decirnos, finalmente, que las drogas llegaron para quedarse, que en adelante es preciso lidiar con sus efectos negativos, ahí en donde su abuso requiera la atención de los profesionales de la salud. Tal y como ocurriera con el alcohol en los años veinte.
Entre tanto, visiblemente preocupado por el aumento en el consumo nacional, el Gobierno colombiano logró imponer una reforma de la Constitución que permite detener a consumidores ocasionales. Como corolario de lo anterior, el Gobierno enfocó recientemente las baterías policivas hacia los jíbaros, con el supuesto de que declarándoles la guerra y encarcelándolos a todos no habrá drogas que los colombianos puedan consumir. Haría bien nuestro liderazgo en comprender el cambio de enfoque que, aunque lento, comienza a avanzar en el mundo.