Lástima, porque con el nivel de gobernabilidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos alcanzamos a pensar que su reforma a la justicia podía ser una buena oportunidad de enfocarse en los derechos que los ciudadanos tienen para poder acceder a una justicia pronta y eficiente. No fue así.
En la conciliación del texto final de la reforma, a partir de los aprobados en Cámara y Senado, volvieron a cobrar vida, como por arte de magia, varios puntos que sólo en apariencia se habían hundido en los debates. Aparecieron durante el trámite sin que el Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, hubiera hecho mucho por abolirlos. El Gobierno, que cuenta con abrumadora mayoría y control en el Legislativo, permitió que ese Congreso legislara en causa propia. Por eso hacemos propia la impecable descripción de la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien afirmó ayer que estamos frente a una “locomotora de impunidad”. No ganó el país, como el ministro Esguerra manifestó hace unos días a Caracol Radio. Ganaron los congresistas, con nombre propio.
Y no quedó aprobada como ley (ojalá el daño fuera tan menor), sino como norma constitucional. Es decir, por encima de cualquier otro designio legal. Con beneficios superlativos para quienes la hicieron, demostrando que de nada sirvieron los debates: se eliminó la muerte política (¿no les dará vergüenza?), disminuyendo así ciertos elementos de disuasión para los congresistas y otros simbólicos para la sociedad; se promovió la graduación de la pérdida de investidura, según la culpa o el dolo del implicado, dejando casi sin piso el régimen de inhabilidades; se aforó a los secretarios, como tratándose de un chiste de mal gusto en el que la democracia no vale nada; se decretó que la detención preventiva sólo se aplicará a los congresistas cuando se les formule resolución de acusación, violando, claro, la igualdad, porque a los ciudadanos corrientes este beneficio no los cobija; se prohibió que se puedan hacer denuncias anónimas contra congresistas, lo que las restringe al extremo. Y así.
Por si fuera poco, la reforma ha abierto las puertas para que procesos que están en curso contra aforados se vengan al suelo. Existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que falta sólo por publicarse, en la que se indica que, si el juez cambia en la etapa de instrucción o investigación, se viola el principio de inmediación de la prueba (que el juez de la causa sea quien la dirija, la practique y la valore) y el proceso debe anularse. Los expertos dicen que casos tan emblemáticos como los de Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Iván Moreno o Sabas Pretelt deberán comenzar de cero, como dicta la nueva norma en su artículo 16, pues fueron investigados por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Justicia.
Otros casos también graves, como los que cita Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales, salen a relucir. El jurista dice que saldrían del pabellón de la parapolítica quienes, estando en la cárcel, aún no tienen sentencia en firme. ¿La razón? El trámite cambió, porque ahora necesitan ir a una primera instancia que no existió en el pasado.
Estas líneas no bastan para dar cabida al despropósito que alcanzó el Congreso. No es un ‘mico’ imperceptible el que nos han metido. Se trata de toda una reforma medular que fomentará la impunidad en nuestro foro de deliberación. Y todo ante la pasividad cómplice del Gobierno y en las narices de la sociedad que observa atónita este descaro, que debe despertar en apoyo de los movimientos que ya se gestan para utilizar todos los mecanismos legales a la mano e intentar detener esta “locomotora de impunidad”.