Después de haberse entregado, la justicia profirió apenas medidas de aseguramiento contra seis cabecillas y trece integrantes rasos. A secas, la noticia que recorrió el país y conmocionó a más de uno fue que los miembros de esta temible banda se fueron a sus casas a esperar el llamado de la justicia. Terrible que en los Llanos Orientales, esa zona colombiana que ha experimentado el conflicto desde hace décadas, los habitantes sepan que esto sucede justo enfrente de sus narices.
Pese a que jueces de control de garantías ya emitieron las órdenes de captura para la totalidad de los miembros de la banda, una alarma se prendió en torno al tema de los sometimientos masivos de delincuentes. El problema que surge es claro: si confesaron ante una autoridad, ¿no debieron judicializarlos a todos de inmediato? Las opiniones están divididas. Un rotundo ‘no’ emitió la Fiscalía, a través del director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, quien afirma que nuestro sistema penal no contempla la confesión como un elemento que sirva para detener de manera inmediata a una persona. Ellos, dice el director, no estaban cobijados por una medida emitida por un juez, ni tampoco fueron capturados en flagrancia. Afirma también que frente a esto hay un vacío legal muy grande, pues las entregas masivas no están contempladas en la ley penal.
A su paso salen otros expertos, quienes afirman que sí se puede proceder con normalidad. Como el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien afirma que no hay vacío. “Cualquier entrega a la justicia, sometida al Código de Procedimiento Penal, implica que la Fiscalía General, a cualquier miembro de esa organización, pida su orden de captura”, dice el funcionario.
Esto último lo reafirma Jaime Bernal Cuéllar bajo otro argumento jurídico, y es que la Fiscalía desconoce, según él, que el nuevo sistema acusatorio permite corregir la imputación. Es decir, que hay una oportunidad, en el futuro procesal del caso, para enmendar las cosas que estén mal.
Con todo, puede afirmarse casi categóricamente que en este proceso hay mucha improvisación. Los abogados de los presuntos criminales aprovecharon esta situación y sus clientes se presentaron al sometimiento sin armas ni uniformes, asunto que cala fuertemente en el hecho de que no pudieran ser “capturados en flagrancia”.
Y así como sucede en este asunto, podría suceder en muchos otros. El mensaje del vacío jurídico que alega la Fiscalía no es nada alentador y podría servir, a su vez, para prender las alarmas y confeccionar de una vez por todas nuevos mecanismos jurídicos que ayuden a evitar este tipo de cosas y que no generen una sola duda.
Por el bienestar de una región como el Llano, y su derecho a la memoria, esperamos que las capturas y la judicialización no se hagan esperar.