Esta iniciativa, añadió el Ministro, conforma una “política de Estado que involucra a la Rama Ejecutiva, a la jurisdiccional y a los organismos de control”. Política que, por lo demás, es la prioridad en la agenda del presidente Santos, según lo anunció ese mismo día el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. No obstante, esta iniciativa, más que una estrategia comprehensiva y estructurada de seguridad, parece ser más una reacción en buena medida fragmentaria y reactiva.
Por supuesto, no está de más compatibilizar mejor los códigos y evitar que letras menores en las normativas devuelvan a los delincuentes a las calles. Incluir órdenes de allanamiento y registro las 24 horas del día, modificar profundamente el proceso de extinción de dominio y aplicar flagrancia a eventos antes no contemplados ayuda, entre otras medidas, en la lucha contra el crimen. Pero tales modificaciones están lejos de ser una política integral. Sin desconocer que las formas delincuenciales del país son complejas, intempestivas, y que sus múltiples facetas han desbordado más de una vez la capacidad de adaptación del Estado, sigue haciendo falta una mayor y mejor coordinación de los esfuerzos.
Y ello a pesar de que la Policía Nacional, en un reconocimiento de su talón de Aquiles, comenzó hace más de un año a repensar su seguimiento al crimen de menor calado. Su sistema de vigilancia ciudadana por cuadrantes, puesto a funcionar con éxito ya en varias ciudades del país, es un muro de todas formas insuficiente para contener la fuerza de las bandas criminales. Igual sucede con los sistemas de prevención del delito implementados por las alcaldías de Medellín y Cartagena. Éstos, aunque han dado resultados, se han quedado tan cortos como las alianzas estratégicas que han buscado algunas entidades territoriales con el Gobierno Nacional. Y así sucede con muchos otros esfuerzos que aportan, pero terminan perdiéndose en la dispersión.
Urge, entonces, que el Gobierno ponga en marcha un verdadero plan contra la criminalidad que incluya, además de los refuerzos a la Policía y a la política criminal, planes completos de prevención social del delito y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Éstos, por supuesto, aunados a una territorialización de la política en la que los gobiernos locales trabajen junto con el Gobierno Central y generen formas más eficientes de recolectar y manejar la información. Lo cual incluye, por demás, incorporar la evaluación de impacto de los distintos proyectos como una política global institucional. Dada la velocidad de mutación de la violencia en el país no hay otra alternativa que el ensayo y error. Sin embargo, una cosa es la experimentación organizada y reflexiva y otra muy diferente la improvisación difusa.
Es cierto que de guerra de guerrillas pasamos al narcoterrorismo, al paramilitarismo y ahora a que las llamadas Bacrim se hayan apoderado de las ciudades, pero apagar incendios no puede ser la salida. En especial, cuando el esfuerzo se dirige en la dirección equivocada. Por ejemplo, redundan las medidas contra menores cuando las leyes que existían ya eran severas y los centros de rehabilitación que en ellas se recomendaban siguen sin construirse. ¿Para qué más normativas si no hay instituciones para recluir a los jóvenes? Ya el gobierno Uribe construyó suficientes cárceles, ahora toca pensar en cómo hacer para no llenarlas.