Desde mediados de año, el régimen de Bielorrusia, con el apoyo de Moscú, utiliza a miles de migrantes de cerca de 20 países, del Medio Oriente o de África, para que ingresen a territorio de la Unión Europea (UE), como retaliación por las sanciones que ha recibido Minsk de la UE. En la última semana se han registrado cerca de 30.000 intentos de cruzar la alambrada que separa a Polonia de Bielorrusia por parte de cientos de migrantes mayoritariamente kurdos, que escapan de Irak y Siria. Esta situación, que viola los estándares humanitarios, tiene a Bruselas en una encrucijada a la espera de adoptar sanciones más severas contra Bielorrusia.
La tensión entre los dos países ha venido escalando en los últimos días. Polonia pide a la UE mayores sanciones contra el gobierno de Aleksandr Lukashenko, que en julio utilizó la misma técnica contra Lituania, cuando más de 4.000 personas, mayoritariamente iraquíes, así como congoleños, cameruneses, sirios y afganos, ingresaron a territorio de dicho país desde Bielorrusia. Luego de las medidas de protección adoptadas por Lituania, el flujo de migrantes se trasladó a Letonia y, especialmente, a Polonia. Mientras Varsovia tiene ya cerca de 15.000 soldados desplegados en la zona para controlar los casi 400 kilómetros de frontera común, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó de urgencia a Varsovia para “expresar toda la solidaridad de la UE” y calificó la acción bielorrusa como un “ataque híbrido, ataque brutal, ataque repentino”.
El gobierno de Minsk ha sido objeto de sanciones económicas desde el año pasado, cuando se llevaron a cabo unas elecciones fraudulentas en agosto, que no han sido reconocidas por la UE, así como la represión de las protestas que se presentaron. Los países comunitarios ampliaron las sanciones a Bielorrusia en junio de este año, cuando un vuelo comercial europeo fue obligado a aterrizar en Minsk para arrestar a un disidente bielorruso. Para devolver el golpe, Lukashenko aprovechó la situación de pobreza, persecución y conflicto en que viven miles de migrantes para abrir lo que se ha denominado la ruta bielorrusa. Ante el temor que representa la peligrosa travesía por el Mediterráneo, han utilizado aerolíneas que llevan a los migrantes hasta Bielorrusia y de ahí son conducidos hasta la frontera comunitaria para que ingresen a Lituania, Letonia y, ahora, a Polonia.
Lo cierto es que se espera que hoy en Bruselas sean aprobadas las medidas comunitarias contra el régimen de Lukashenko. Una de las acciones que estudian es la de sancionar a las empresas aéreas que llevan a cabo este tipo de vuelos y que se hacen copartícipes de la trata de personas. Otras decisiones podrían llegar hasta los países de origen y tránsito de los migrantes que no colaboren con Bruselas para frenar la llegada de migrantes. La UE ya logró en verano convencer al Gobierno iraquí para frenar los vuelos procedentes de Bagdad con destino a Bielorrusia.
Rusia, el incondicional aliado de Lukashenko, niega toda participación en esta trama y se ha adelantado a descalificar cualquier posibilidad de que Aeroflot, la compañía estatal de aviación rusa, pueda ser sancionada por estos hechos. Para no dejar dudas sobre su apoyo total a Bielorrusia, ha enviado dos bombarderos estratégicos para que patrullen la frontera de dicho país con los países comunitarios. Dentro del actual juego geopolítico de ajedrez, la siguiente movida de Minsk ha sido la de utilizar el arma del gas ruso, que pasa por territorio bielorruso para ingresar a la UE, al amenazar con cortar el suministro, justo cuando comienza el invierno y ya se registran bajas temperaturas.
Es de esperar que las decisiones que se adopten en Bruselas puedan servir de freno efectivo a esta nueva arma representada en el inhumano uso de migrantes con fines políticos.
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