El 10 de noviembre ocurrió un caso de censura preocupante en el país. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), después de recibir quejas de varios padres de familia, decidió restringir la venta de El libro troll (Planeta), escrito por “El Rubius”, un famoso youtuber español. Aunque la SIC dice estar defendiendo el derecho de los menores de edad colombianos dentro de su ejercicio de la protección del consumidor, más bien nos parece que está tomando una medida que afecta directamente la libertad de expresión en nuestro país.
Según la SIC, el libro tiene “material de contenido sexual, violento e incluso nocivo para el desarrollo de los menores, por lo que su contenido no es apto para los niñas, niñas y adolescentes”. Por eso, tomó dos medidas: exigir que todos los ejemplares (ya existentes y futuros) del libro lleven un sticker con la frase “El contenido de este libro no es apto para niños, niñas y adolescentes” y además prohibir que este se exhiba en las secciones de jóvenes o niños de las librerías.
Esto, en la práctica, significó que la editorial tuvo que sacar de circulación el libro durante varios días para cumplir con los requisitos y, además, les significó una reorganización a los dueños de librerías.
Lo importante en esta discusión no es el contenido del libro. Salvo casos genuinamente extremos, el derecho a la libertad de expresión en Colombia (que, curiosamente, es citado por la SIC) protege todos los tipos de discursos, por más obscenos, incómodos o inconvenientes que le parezcan a cierta porción de la población.
Cierto, en este caso no se trata de prohibir el libro, sino de alertar sobre el material al que están teniendo acceso los menores para tomar decisiones informadas, y eso hace más difícil la discusión. Sin embargo, citar la protección de los niños resulta un argumento engañoso para justificar lo que termina siendo una censura disimulada.
Por muy loable que pueda sonar el propósito de la medida, ¿quién tiene la potestad de decir qué libros —y cuáles no— son aptos para nuestros niños y adolescentes? Más aún, ¿cuál es el criterio claro y objetivo que nos permite distinguir entre lo que se debe prohibir y lo que es admisible? ¿Existe tal criterio? ¿Es ese el lugar de la SIC, ser ahora juez de la moralidad y la idoneidad del contenido de un libro?
Dice la SIC que el libro claramente va enfocado a los niños por los colores y la tipografía. Seguro, pero ¿hará entonces lo mismo con todos los otros libros que tengan portadas atractivas para los menores? ¡Escóndaseles Vallejo a los niños y adolescentes! ¡Y Caicedo! ¡Y Gabo! ¡Y… y… y..! ¿Ese es el precedente jurídico que se quiere sentar? ¿Deberían las editoriales enviar sus libros a evaluación previa de la SIC para ahorrarse en el futuro problemas como los que esta decisión les ha ocasionado? ¿En eso consiste la “responsabilidad social” del artículo 20 de la Constitución que cita el ente de control en su comunicado?
¿Qué hacer entonces para proteger a nuestros menores de edad? Esa respuesta es más sencilla: hablarles y educarlos para que tengan criterio propio cuando se enfrenten a cualquier obra, de arte o de información, o de propaganda. Pero ese rol recae sobre los padres y los educadores, no sobre la SIC. Lo contrario es usarlos como excusa para imponer censuras.
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