Las renuncias de Martínez y Riveros eliminaron los impedimentos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que llevaron al nombramiento de Espinosa. Por eso, después de cinco meses de trabajo, y aunque su labor no había terminado, pues tenía varios procesos en curso, el fiscal ad hoc entregó sus expedientes a la Fiscalía y presentó un informe final en el alto tribunal. Leyendo sus hallazgos y cómo fue su relación con el ente investigador, queda la sensación de que al país todavía le deben muchísimas respuestas en el caso Odebrecht.
“Inquietudes, irregularidades e inconsistencias” fue lo que encontró Espinosa, utilizando sus mismas palabras, al adentrarse en el limitado mandato que le otorgó la CSJ. Es una síntesis que produce desasosiego.
Por un lado, Espinosa encontró muchas trabas por parte de la Fiscalía para hacer su labor. Tuvo que solicitar en numerosas ocasiones los documentos de las investigaciones y, cuando los recibió, ocurrieron situaciones como que le entregaran cientos de folios sin numerar y sin orden, o páginas enteras que no eran legibles por la forma en que habían sido fotocopiadas. Queda la sensación de que la Fiscalía colaboró a regañadientes, pese a que la labor del ad hoc era de vital importancia para Colombia y para la credibilidad del mismo ente investigador.
Más preocupantes aun son los hallazgos relacionados con el fondo de varios procesos. Por ejemplo, el fiscal ad hoc encontró unos productos financieros que pudieron haberse embargado en el marco de la investigación contra varios exdirectivos de Odebrecht, pero la Fiscalía no lo había hecho. También encontró “escasa o casi nula actividad investigativa”, en sus palabras, en uno de los casos claves. Además, prendió las alarmas porque el fiscal Daniel Hernández y su fiscal de apoyo, Álvaro Betancur, no imputaron los cargos de lavado de activos y de concierto para delinquir al excongresista Otto Bula. Finalmente, aclaró que, de manera unilateral, el fiscal Hernández removió ciertos delitos en los borradores de los preacuerdos que entonces negociaba con los empresarios Gabriel Dumar, Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gustavo Adolfo Torres.
Todas esas preguntas constan en la CSJ, mientras que la Fiscalía retomó el control de las investigaciones, a la espera de que se elija al sucesor de Néstor Humberto Martínez. Nos vemos obligados, entonces, a repetir un mensaje que ha sido común en estos años: Colombia necesita más transparencia y respuestas en los casos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay muchos pendientes.
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