El asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, sume al país en una de sus peores crisis institucionales y da pie para un aumento de la violencia. Moïse venía gobernando mediante decreto, dado que la oposición y los grupos económicos que lo adversaban consideraban que había cumplido su mandato en febrero pasado. Él insistía en que había comenzado su período oficialmente en febrero de 2017 y gobernaría hasta febrero de 2022 e incluso había convocado elecciones generales para tal fin el próximo 26 de septiembre. La expectativa se centra ahora en la actitud de Estados Unidos, país hacia el cual se había inclinado el asesinado presidente.
Tras el caos político generado, Haití queda en una situación compleja. El primer ministro, Claude Joseph, en interinidad desde febrero, declaró el estado de sitio, concediendo amplios poderes al Ejército. Entre los escenarios posibles que permitan sacar al país del atolladero están el adelanto de las elecciones de septiembre o la creación de un gobierno de unidad nacional. No son opciones claras, pues la Constitución prevé que tras la muerte del jefe de Estado se debe convocar a los comicios en un plazo de 90 días, fecha que sería posterior a la prevista de septiembre; además, no existe un padrón electoral confiable.
No en vano, algunos analistas hablan de la posibilidad de que Haití se convierta en la “Somalia de las Américas”. El comentario tiene bases ciertas. Aparte de la crisis política y los problemas generados por la pandemia, en los últimos meses se ha presentado un grave incremento de bandas urbanas de delincuencia común y grupos paramilitares, que asesinan, secuestran y violan mujeres en un país de cerca de 12 millones de habitantes. Tan solo en el mes de junio, cerca de 150 personas fueron asesinadas en Puerto Príncipe, entre ellas 30 policías, y más de 200 fueron secuestradas.
La comunidad internacional debe actuar de manera inmediata y decidida para colaborar en la restauración de la institucionalidad democrática en la isla caribeña. En una reunión de emergencia, la OEA aprobó una declaración para condenar el crimen y rechazar toda forma de violencia, llamar al diálogo a los partidos políticos y respetar la Constitución; además, solicita una investigación internacional para establecer responsabilidades. Su secretario general, Luis Almagro, también condenó dicho acto criminal destinado a “socavar la estabilidad institucional del país (…) los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país”.
La gravedad de la situación radica en que, más que partidos institucionales, en Haití existen dos grupos ideológicos. Dentro del PHTK, de centroderecha, al cual pertenecía Jovenel Moïse, hay fuertes divisiones, mientras del otro lado existe la corriente de izquierda cercana a Venezuela, que lidera Jean-Charles Moïse, de la que hace parte Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones. Es importante recordar que, gracias a Petrocaribe, Hugo Chávez logró cooptar el apoyo incondicional de Haití al suministrarle petróleo subsidiado o regalado. El vuelco de Jovenel Moïse hacia Washington es uno de los elementos que explican las protestas callejeras y parte de la violencia desatada en las calles. Estas bandas, asociadas al narcotráfico, también estaban en contra del gobierno. Por último, la familia Vorbe, que controla la electricidad del país, había sido señalada por el presidente de estar detrás de un plan para derrocarlo o asesinarlo. Como se ve, los enemigos de Jovenel Moïse eran muchos.
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) abandonó el país en 2017, donde se hallaba desde 2004, y había logrado mantener una cierta estabilidad. Es probable que esta sea la ocasión para promover la inmediata creación de otra misión internacional que permita aclimatar la institucionalidad en el país.
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