Peleas que trascienden a lo político y se van a otros niveles, como el académico, el técnico o el social; y es claro, a todo el mundo le interesa una justicia mejor administrada. El Gobierno asegura que para ello hace falta reformar 25 artículos de la Constitución Política, que de una forma u otra obstruyen la mejora a las condiciones de la rama.
El proyecto de acto legislativo modificó todo. Desde aspectos necesarios, como la oportuna regulación del tema de la tutela contra providencias judiciales —dolor profundo de cabeza para las tres cortes—, hasta otros muy polémicos, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su eventual transformación en un consejo integrado por magistrados de las otras tres altas corporaciones.
La reforma no les sentó bien a los miembros de la rama. Consejo de Estado y Corte Suprema manifestaron su preocupación frente al proyecto, puesto que a su juicio muchos puntos de la reforma, como la imposibilidad de nominar procurador o de investigar a los congresistas que incurran en delitos, les restan autonomía y los debilitan. Afirman que después de diez meses de infructuosas discusiones con algunos miembros del Ministerio de Interior y de Justicia, no se lograron acuerdos fundamentales sobre lo que se necesita en aras de una mejor y más eficaz administración de justicia.
Ante esto, las cortes comunicaron a la opinión pública que están en desacuerdo con la reforma, por representar ésta un debilitamiento de la Rama Judicial y, por ende, un problema para la democracia. El Gobierno se muestra sorprendido y dice que no entiende cómo puede atentarse contra la independencia de los jueces, si todas las modificaciones apuntan a su fortalecimiento. Para saber si esto es o no cierto, hay que esperar la evaluación del contenido sustancial del articulado.
Muchos expertos ya están hablando. Gloria María Borrero, directora de la Corporación por la Excelencia en la Justicia, quien apoya en principio el proyecto, afirma también que la apuesta por la descongestión no se resuelve con la propuesta del Gobierno: asignando más de dos millones de procesos a abogados particulares que estén en ejercicio. Y tiene razón. Muchas preguntas surgen del tema, siendo, tan sólo uno de los 25: ¿Cómo y bajo qué criterios se escoge al juez de la causa? ¿Sí puede un abogado cualquiera llevar un proceso judicial hasta su fin?
Es en estos pequeños detalles en los que hay que fijarse. Todas las propuestas del gobierno Santos, que a grandes rasgos son necesarias y representan cambios fundamentales para Colombia, deben ser examinadas con lupa. Nada peor para el país que un Congreso aprobando a pupitrazo una reforma de esta envergadura. ¿Y si las Cortes, a la larga, tienen razón? ¿Sería posible que con el acto legislativo se le reste a su autonomía? Santos le dio toda la responsabilidad al Congreso y pidió abiertamente un debate serio. Si esto se toma más allá del mero discurso político, una interesante reforma a la justicia podría salir por fin (ya se ha intentado en cinco ocasiones previas). No es sólo cuestión de discutir el proyecto en Senado y Cámara siguiendo la ritualidad del reglamento, sino oír a jueces, magistrados, miembros de la academia y otros sectores posiblemente afectados, que conocen de cerca la realidad del día a día. Es responsabilidad también de las cortes hacerse sentir en esta discusión, presentar propuestas nuevas y establecer rigurosamente los argumentos que tienen en contra de la reforma. No hay que hacerle caso al aparente afán del Gobierno, porque está en juego nada menos que todo el esquema constitucional de administración de justicia.