“La mayoría de los colombianos no quiere el aborto”, dice convencida la senadora del Partido de la U, y promotora de la iniciativa, Claudia Wilches. Tiene razón.
No sólo en el pretendido sentido que quiere imprimirle a su frase (la gente, en efecto, saldría en masa a votar en contra de este derecho), sino en el otro contexto, en el más real, el más crudo: ninguna colombiana quiere abortar. Ni las embarazadas por accidente, ni aquellas cuyas vidas corren peligro, ni las víctimas de una violación, ni tampoco las que tienen en la barriga un feto con malformaciones. Tomar la decisión, las secuelas psicológicas, la tensión social, todo, son factores conjuntos que intimidan a las mujeres a la hora de pedirle a un médico que proceda a intervenirlas. Ya esto está más que probado en diversos estudios de sectores académicos. La senadora no nos está diciendo (por ningún lado) algo nuevo.
Lo que sí preocupa es que, en efecto, una reforma constitucional de este estilo se logre en Colombia. Por todo. Primero porque es inconcebible que siga habiendo personas que, después de seis largos años de la sentencia C-355 de 2006, en que la Corte Constitucional reconoció tres casos permitidos para efectuar un aborto, sigan convencidas en cambiar las reglas del juego. No piensan, mejor, en regularlo o en vigilar la prestación del servicio. Quieren cambiar un derecho reconocido, que debería practicarse con libertad y no en medio de los juicios de valor y las reprimendas sociales.
El derecho de una minoría, por demás. Y esto es lo más problemático: que a punta de estos “estados de opinión”, los derechos de unas personas quedan hundidos ante la aplastante votación de la masa popular, que no las reconoce, que no las entiende. Como si no fuera a las mujeres, y sólo a ellas, a quienes debería incumbir el control de sus cuerpos y su sexualidad.
“Es un homicidio”, dijo resueltamente en una columna el padre Alfonso Llano hace un tiempo. Y con él, miles de personas piensan que sí, que interrumpir un embarazo, cuando el feto es aún algo que pocos podrían considerar científicamente una persona, se trata de un vil asesinato. Pero algo hay de abortar a matar. Una diferencia de, digamos, sujetos de derecho. De impacto, de procedimiento. Nada menos. “Lo primero es hacerse esta pregunta: si un niño se cae y se descerebra, ¿su madre lo mata? Yo creo que no”, dice el también promotor de la reforma, José Darío Salazar, senador del Partido Conservador. Bien arbitrario el punto de partida que escoge para dar el debate. Elige una pregunta sin salida, sin problema, sin disyuntiva para elegir. Claro que creemos que no, senador, pero es que no es lo mismo. Ese no es el punto.
Y todo este palabrerío, este desgaste de energía burocrática, este avivamiento de las masas, mientras podríamos avanzar. Regular el aborto, hacer protocolos de salud, defender los derechos reproductivos de las mujeres. Ampliar la protección, por qué no, para que sea permitido en todos los casos, como una elección libre, lejos del tabú que hoy significa. Es una lástima que se siga insistiendo en lo contrario. Más, sobre todo, que el Congreso sea el principal promotor, cuando está llamado a trabajar sobre la Constitución que lo ha instituido como tal. Ojalá no prospere esta iniciativa. Al contrario del hundimiento del matrimonio igualitario (que se empezará a aplicar en la realidad, con notarios), este sí sería un verdadero golpe, real, efectivo, a lo que significa ser mujer en Colombia.