Si un tema político supo atravesar el debate durante los últimos meses fue ese. Cosa, por lo demás, natural. Es más, necesaria. Cuando desde las altas esferas se anuncia un rediseño del Estado hay que estar bien atentos: no vaya y sea, como tanto nos ha pasado, que se apruebe a pupitrazo algo que empeore la forma como funciona el poder. Nos pasó con la reelección presidencial, ese esperpento jurídico que (con compra de conciencias, además) trastocó el orden de la Constitución de 1991 y dio al Ejecutivo un poder impresionante y sin controles. Y casi nos pasa, también, con la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno en 2012, a la que fueron añadiéndole normas al capricho y conveniencia de unos pocos, dando como resultado un gran “mico” jurídico que el Gobierno mismo tuvo que objetar. Era necesidad apremiante hacerle una reforma al Estado, no solamente por el desbalance en el que quedó luego de la reelección, sino también por las muchas fallas que la justicia estaba presentando de manera sistemática. Y hoy tenemos, al menos provisionalmente, una reforma al Estado con puntos que sin duda son positivos, dentro de un balance muy general. No podemos dejar de referirnos a la eliminación no sólo de la reelección presidencial, sino también de la mayoría de altos cargos del Estado. Si lo primero arregla las cargas de poder que tenía el presidente, lo segundo ajusta lo que también lucía como una práctica vitalicia: no solamente que los funcionarios repitieran período, sino que después siguieran de un lado a otro, de cargo en cargo, como turnándose en un juego de poder adquirido por siempre y para siempre. Al menos ahora no podrán hacerlo de manera inmediata. Es conveniente también la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (objeto de burlas y apodada lúcidamente “de Absoluciones”), para dar paso a una comisión de aforados conformada por un número impar de magistrados que tendrán más dientes e independencia a la hora de acusar ante el Senado, en caso de ser un juicio disciplinario, y ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de ser un juicio penal, a los magistrados de las cortes y al fiscal general. Más: los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema serán elegidos por las mismas corporaciones, pero de una lista de diez candidatos resultantes de una convocatoria pública y elegidos por el Consejo de Gobierno Judicial. A propósito: este órgano reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura. ¡Por fin! Hay también cosas interesantes, de representación pública: el segundo en orden de votación en las elecciones de Presidencia, Vicepresidencia, Gobernación y Alcaldía podrá, si lo desea, ocupar una curul en el Senado, Cámara, Asamblea y Concejo, respectivamente, cosa por demás justa en una democracia representativa: resultaba increíble que el perdedor de unas elecciones, representante muchas veces de un amplio sentir de la sociedad, se quedara por fuera del juego. El balance, pues, nos parece positivo, pese a que se quedaran cosas por fuera. Habría, sí, que integrar también a los estamentos pequeños del Estado: eso podría hacerse, como se ha sugerido, a punta de leyes y decretos que lo hagan más eficiente para el ciudadano. Si bien la composición y el nombramiento de los magistrados preocupa a quienes saben de estructuras del Estado, el acceso a la justicia es el que verdaderamente incumbe a los colombianos. Ese segundo esfuerzo es el paso que hace falta. ¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.