Un nombramiento, por demás, esperado por todos, ya que se hizo teoría y chisme de pasillo hace unos meses pese a las negativas que el Gobierno insistía en dar.
Vargas Lleras será el protagonista de una política de vivienda ambiciosa (tal vez la más ambiciosa hasta el momento), que implica muchos retos. El primero de ellos, claro, es cumplir el elemento discursivo del presidente de la República, Juan Manuel Santos, ese de “llegar a los más pobres de los pobres”. A aquellos que ni siquiera pueden acceder a unos créditos ni a ahorros programados para hacerse a un pequeño lugar propio en donde vivir. Recurren a la marginalidad del monte, a su ilegalidad, a la firma de contratos no muy confiables: esas casuchas de invasión hechas de latas que vibran con el viento (y que se caen a pedazos cuando la lluvia se desmadra), en donde residen familias enteras, o también aquellos expulsados o huérfanos que son, en fin, los más pobres de los pobres. Esperamos entonces que sea verdad.
Apoyamos la iniciativa, ya que no hay ninguna otra manera de proceder. Sin embargo, hay que estar muy pendientes desde ya en la ejecución de un plan que, por más loable que sea, debe ejecutarse de una manera correcta, técnica, impecable. Al gobierno de Santos siempre le salen algunos “pero” muy grandes en sus iniciativas más ambiciosas: la Ley de Víctimas, que seguimos apoyando, o la reforma a la justicia, que retiramos el apoyo a como se viene tramitando, son algunos claros ejemplos, que hemos hecho públicos en este espacio. Por muy odioso e impopular que suene, siempre hay que manifestar las dudas.
El primer objetivo del gobierno es entregar 100 mil casas, que se empezarán a construir una vez se aprueba la ley que será presentada esta semana, según las palabras del presidente Santos. Esperamos, pues, que sea una ley de un nivel técnico muy alto y no simplemente con miras a aplicar la política de una manera rápida. El derecho a la vivienda (que por fin podría cumplirse) es uno programático, que depende de una gestión fiscal y gubernamental apropiada, que debe darse de una manera planeada a largo plazo. Santos promete dos años. Un tiempo récord que, por el bien de la gente, ojalá se cumpla pronto, sí, pero bien.
Los retos son inmensos y se pueden contar en este espacio en procura de un debate legislativo nutrido: la atención a los sectores desplazados, por medio de 28 mil subsidios para las familias víctimas de la violencia y 15 mil subsidios para hogares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro a través del ahorro voluntario; sortear los problemas de los suelos que no son aptos para la construcción por razones de seguridad, sobre todo en esta época en que caen dos aguaceros y todo se viene abajo; renovación urbana en las principales ciudades del país; establecer la metodología para que los municipios del país definan el inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastres, entre otras grandes tareas.
Es un trabajo que debe ser incesante y mirado con mucho cuidado. Ya en el pasado promesas similares se han hecho, agotándose en réditos políticos y electorales y dejando a la gente en la calle. Acá, por más protagonismo que tengan Germán Vargas Lleras y los alcaldes y gobernadores (los correctos gestores en una línea lógica), deben mantenerse lo más alejados de esto. La lupa deberá ponerse sobre este tema desde un nivel técnico y crítico elevado, por la misma ambición del proyecto.