Pese a que el propósito parece ser el de incentivar los sometimientos a la justicia ordinaria, inquieta el sigilo con que se ha querido ejecutar la nueva y polémica estrategia.
En el departamento de Córdoba, que por estos días sufre los embates de las bandas criminales conocidas como Los Paisas y Los Rastrojos, el Gobierno autorizó al obispo de la Diócesis de Montería, monseñor Julio César Vidal, para que entre en contacto con los violentos y, con suerte, pueda pasarse a un pacto de no agresión. En opinión del obispo, las bandas delincuenciales se han mostrado receptivas al mensaje de paz. En otras palabras, la posibilidad de iniciar diálogos con actores activos del narcotráfico no parece ser un problema mayor.
Como tampoco lo ha sido en Medellín, de cuya preocupante violencia, particularmente en las comunas, tanto se ha escrito en las últimas semanas. Ahora se discute una tregua entre bandas sicariales, aparentemente con resultados tangibles en el plano de la disminución de homicidios. Jorge Gaviria, integrante de la denominada Comisión por la Vida, a la que el Gobierno permitió igualmente adelantar conversaciones con los presuntos responsables de la violencia, explicó que el espíritu de la propuesta no es otro que el de incentivar una reconciliación en la comunidad que desde hace tres meses están interviniendo.
No obstante las buenas intenciones de unos y otros, ha habido reacciones adversas entre quienes se oponen a la posibilidad de una política gubernamental que autoriza franquicias para negociar la paz. Tanto es así que el propio comisionado de Paz, Frank Pearl, insistió en que no se les está abriendo la puerta a los criminales porque jurídica y políticamente no hay posibilidades para ello. Sostuvo igualmente que no hay razones para hablar de pactos de paz, acuerdos o trámites en los que el Gobierno no participa. En lo referente a los permisos extensivos a mediadores de la Iglesia Católica, indicó que habrá un mayor seguimiento al cumplimiento de los protocolos destinados a este tipo de labores.
En síntesis, algo sucede desde que se anuncien retrocesos y cavilaciones. La única exigencia del Gobierno, la del sometimiento a la justicia, no está entre los resultados de quienes informan de las disminuciones de homicidios y el avance en los acercamientos con los violentos. Hay quienes alertan, entonces, sobre el fantasma de la mal llamada donbernabilidad, un supuesto pacto de no agresión entre las autoridades de Medellín y el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, por obra del cual los índices de violencia en la ciudad disminuyeron tan radical como artificiosamente. Otros, menos reacios al mecanismo del diálogo, se preguntan cómo es posible que proliferen los intentos de negociaciones con criminales comunes que no se promueven con las guerrillas.
Cualquiera sea la esquina desde la que inicie el debate, habrá que esperar para ver qué sucede con este capítulo de violencia que el Gobierno califica sólo como un problema serio durante el proceso de desmovilización de los paramilitares. Nada se dice, entre tanto, de las razones por las que no se discutió en su momento el tema del sustento de las bases sociales del paramilitarismo: el narcotráfico en las ciudades y el problema de las tierras en las regiones.
Aunque habitualmente defendemos la importancia del diálogo en un conflicto, nadie entiende el súbito cambio en la política gubernamental de mano dura contra la criminalidad. De alguna manera, con perspectiva histórica, aunque sin la misma urgencia, vuelve a aparecer en el camino la idea que hace 20 años se convirtió en la única solución para frenar la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces. La controvertida política de sometimiento a la justicia por la cual se colaron muchos narcotraficantes que con el tiempo terminaron por volver a sus andanzas.