El debate, por cierto, no es nuevo. Ya antes de la era Uribe se hablaba de revivir, crear o desaparecer algunas carteras. Y así se hizo. Cada gobierno, por lo demás, llega al palacio presidencial con la intención de impulsar una nueva reforma. Con todo, cualquiera sea el arreglo institucional definitivo que emprenda el presidente Santos, lo fundamental, para no asistir a posteriores reversazos, está en la sustentación de las transformaciones que desea emprender.
Así, las espinosas relaciones entre el Ejecutivo y las altas cortes durante la administración Uribe pusieron de presente la necesidad de echar atrás la fusión del Ministerio del Interior y de Justicia. Los últimos ocho años mostraron la conveniencia de un mediador entre el Ejecutivo y las cortes que suavice los roces institucionales. Su ausencia, más que un ahorro, dio pie a serios conflictos, algunos de talla mayor. En materia de políticas públicas, además, fue más bien poco lo que se innovó, desde el Ministerio, en la defensa de los Derechos Humanos, la política criminal y penitenciaria, así como en la propia salvaguardia del Estado. La recuperación del Ministerio de Justicia es entonces acertada y requerida. Sin embargo, los problemas de corrupción, mora y congestión, además de la impunidad, no se solucionarán con un ministerio independiente y autónomo. Una reforma estructural es requerida.
Por su parte, la división del Ministerio de Protección Social, en las ya conocidas carteras de Salud y Trabajo, ha sido también noticia bien recibida. Originalmente su fusión se justificó, con una racionalidad bastante confusa, en que estos ministerios podían trabajar juntos porque los ingresos del primero provenían del segundo. Pero la experiencia no tardó en mostrar que una cosa es generar medidas para formalizar la economía y otra, bastante diferente, ofrecerle al país mejores servicios de salud. Aunque el sistema fue diseñado para ser 70% contributivo y 60% subsidiado, la incapacidad del país para generar empleo formal hizo que hoy el 55% del sistema sea subsidiado y sólo 45% sea contributivo. Este desfase, sumado a los infinitos intermediarios, a los huecos en las regulaciones y a la malversación innecesaria de los fondos estatales, le tiene anunciado al sistema de salud un final no tan lejano.
Finalmente, en el caso del Ministerio de Ambiente, al que se le sumaron el de Vivienda y Desarrollo Territorial, la separación está más que justificada. La bonanza minera, de la que tanto se habla por estos días, requiere de un ente regulador con poder de veto, capacidad de gestión y voluntad política. Como están las cosas, en un mismo ministerio chocan entre sí la voluntad desarrollista con las consideraciones ambientales y conservacionistas. Y como será obvio, la primera se impone a la segunda.
En síntesis, no son pocas las razones para emprender las separaciones ministeriales anunciadas por el presidente electo Juan Manuel Santos. Pero éstas deben ir acompañadas de estudios concienzudos y técnicos, porque ya hay, además, quienes entre sus contradictores sugieren que la propuesta esconde el deseo de abrir un botín para el pago de favores políticos. No creemos que esa sea su intención, pero tampoco debe pensarse, ingenuamente, que la sola separación de los ministerios garantice su buen desempeño. En materia de administración pública no hay recetas mágicas.