Si bien el balance no puede ser positivo —lo único que pretendía la delegación colombiana era tener un espacio para que los cancilleres hablaran y aún así nos bloquearon—, hay algunas señales que invitan a pensar que el país no está tan solo en esta crisis y que es apresurado sacar los discursos que invitan al desespero y el belicismo.
Primero, es interesante ver que Venezuela, antes dominante sobre todos los países del Caribe en las votaciones de la OEA, perdió esta vez cinco de ellos, y el resto se abstuvieron, lo que representa un apoyo tibio al país vecino. Segundo, las condenas internacionales no han faltado: el viernes pasado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado expresando su preocupación por “las deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos que vienen siendo realizadas por las autoridades venezolanas”. A este espaldarazo, que sin duda llevará a un informe de la Comisión, se une que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitará la frontera el próximo sábado para verificar la situación de los deportados. Su presencia deja ver que esa organización no es ajena al sufrimiento de los colombianos. A estos apoyos de organizaciones oficiales se sumaron ayer los editoriales de The New York Times y el Washington Post que rechazan la “crisis inventada” de Nicolás Maduro. El reclamo colombiano no está cayendo en oídos sordos como a primera vista pudiera pensarse.
Pero además, si algo positivo pudiera tener esta crisis fronteriza, en lo interno parece que, por fin, las fuerzas de la oposición decidieron atenuar su violencia argumentativa y rodear al presidente. Así debe ser, unidos en la defensa de la nación y frente a los grandes dilemas nacionales. La unión es la única forma sensata de afrontar un problema tan complejo y a un interlocutor tan errático como Maduro.
Unidos en lo interno y con razones válidas reconocidas en el exterior, el Gobierno debe cuidarse de no entrar en el desespero y comprarle el juego al régimen venezolano. La propuesta del fiscal, arrojada como quien no quiere la cosa —algo ya típico— por el presidente en la alocución del martes, de denunciar al presidente Maduro y a los militares venezolanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) rebaja la discusión, aunque con elegancia en los términos, al mismo nivel de la retórica venezolana. Además de las dudas sobre la competencia y el interés que la CPI pueda tener en este caso, traerla al debate es enfrascarse directamente en el intercambio de insultos que buscan los políticos del país vecino. Entendemos que las voces internas piden más vehemencia, pero el Gobierno debe continuar con su idea de que el diálogo y la prudencia son la única ruta. No vaya a ser que, por darle municiones al discurso de Maduro, seamos la excusa —y, perversamente, los cómplices— de la influencia de esta crisis en las elecciones en Venezuela, a favor del chavismo.
Colombia está en su derecho de agotar todos los recursos internacionales, como la CIDH y, por qué no, la ONU, pero este problema solo se solucionará cuando Santos y Maduro se sienten a conversar. El presidente colombiano lo ha intentado, pero nos encontramos a merced, una vez más, del capricho del venezolano. Paciencia, presidente, que el tiempo le dará la razón.
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