En Colombia, las chuzadas no perdonan a ningún ciudadano y, de hecho, incluso se han privatizado. Justo esta semana fue capturado por la Fiscalía el exdirector de inteligencia del DAS Laude Fernández, quien estaría involucrado en escuchas ilegales realizadas a empresarios e integrantes del sindicato de aviadores Acdac, en medio de su pleito con la aerolínea Avianca. El año pasado, el general Jorge Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula y excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado junto con otras personas, también por presuntamente estar involucrados en una red de espionajes. ¿Por qué sigue ocurriendo esto y, además, cómo están involucradas personas que antes pertenecían a altos cargos dentro de la institucionalidad de inteligencia nacional?
En medio de todo esto, una carta enviada al presidente Iván Duque por varios senadores ha prendido las alarmas. No es para menos. Según Roy Barreras (del Partido de la U), Antonio Sanguino (de la Alianza Verde) e Iván Cepeda, (del Polo Democrático) han visto indicios de campañas de descrédito en su contra que estarían siendo realizadas desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Se trata de una situación gravísima que no puede solucionarse simplemente con un comunicado que niegue los hechos.
En la carta, los parlamentarios dicen que “dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que por lo tanto son ilegales, con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas o, en otras palabras, crear falsos positivos judiciales”. También cuentan que, al parecer, el pasado 30 de marzo hubo una reunión en la que “funcionarios de la DNI comentaron las directrices, según ellos, emanadas del propio director de inteligencia, el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, en el sentido de adelantar seguimientos y acciones contra los suscritos ‘objetivos políticos’”.
Hasta ahora, nada está probado. Cuando magistrados de la Corte Constitucional denunciaron hace unos meses unas posibles interceptaciones (que no parecían provenir de la DNI, por cierto), la investigación de la Fiscalía concluyó que no había ocurrido nada. Si bien eso también es una opción en este caso, tanto el Gobierno Nacional como la DNI deben tratar las denuncias de los senadores con total seriedad, llevar a cabo una investigación y contarle al país si algo está ocurriendo. La reacción no puede simplemente ser negar las cosas y adoptar una posición defensiva. Algo similar ha ocurrido, por ejemplo, en las respuestas del Ejército a las denuncias en su contra y las investigaciones posteriores han demostrado que sí había motivos para preocuparse.
El mensaje tiene que ser claro: los seguimientos, el desprestigio y las interceptaciones ilegales no son una actividad de ninguna agencia estatal. Nuestra democracia respeta, valora y protege el disenso. No podemos volver al terror de las chuzadas.
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