La idea del Ministerio es, primero, ampliar la competencia entre ellos para que puedan autorregularse de una manera eficiente de cara al usuario, pero también (y esto es lo más importante), facilitarle a éste la vida: con los precios, con la cobertura, con las opciones a la mano, con la señal. Tamaña empresa.
Ya habíamos usado este espacio un par de veces para quejarnos por el servicio prestado y la mala calidad que brindaban los operadores de telefonía celular: el usuario de último y las empresas, a costa de él, enriqueciéndose sin parar. Algunas multas fueron impuestas, es cierto, pero nada de fondo que pudiera revertir la problemática del día a día. ¿O de qué le sirven al usuario un par de multas impuestas a su operador? En la práctica, de nada. Estábamos esperando, entonces, a marzo de este año, mes en el cual se vencen las licencias para Claro y Movistar, a ver qué soluciones podrían tomarse por parte del Gobierno.
Las principales, a vuelo de pájaro, son dos, y ayudan: la primera es quitar de los contratos la antipática cláusula de permanencia que ataba a un usuario a unos años con el mismo operador a cambio de un teléfono inteligente y costoso. La fidelidad se medirá, de ahora en adelante, por la calidad del servicio y no por la obligatoriedad de un contrato entre una parte fuerte y una débil. Claro que los que hoy están inmersos en esto deberán esperar a que su relación contractual termine: pero a partir del primero de julio, para los nuevos, la realidad será totalmente distinta.
Esto abrirá la oportunidad, a juicio del ministro Molano, para que varios almacenes de cadena puedan entrar al mercado y vender los celulares de una forma más económica y con financiación. Esto, para algunos críticos de la medida, llevará a que los celulares más apetecidos suban sus precios de una forma desorbitada e impagable para las personas. El mercado, finalmente, será el que le dé la razón a uno o a otro. Hay que esperar. Pero así, como suena, luce positivo y prometedor.
Lo segundo es la renovación de las licencias, que hasta hace poco se pensaba gratuita. No lo será: 4,1 billones de pesos en total entre ambos operadores dividido en tres puntos principales: pago por el uso del espectro, cobro variable anual y uno por la habilitación general. Aparte de la plata que deberán pagar, el nuevo contrato contempla unas condiciones de revisión más precisa de los niveles de calidad: por zonas de ciudades, donde se permite un tope de dos por ciento de llamadas caídas que, si se rompe, tendría sanciones graves.
Todo suena bien. Lo cierto es que, en medio de la situación de no regulación que hasta hoy se presentaba y las realidades que han venido cambiando (iniciado el siglo, había en Colombia alrededor de dos millones de suscripciones a algún servicio de telefonía móvil, y hoy son 49 millones), lo mínimo que se espera es que estas medidas alivien un poco la insatisfacción general que se siente en la gente. Ya era hora de que ese toro se tomara por los cuernos con políticas que atacaran de manera estructural los problemas que se presentaban. Estas ayudan, sí, y habrá que esperar su desenlace final, esperamos que con el menor traumatismo posible. Ya se estaba haciendo tarde para que el usuario se pusiera por delante.