Para entender la crisis que enfrenta La Guajira basta con ver la situación política de su capital. Con las elecciones del pasado domingo, Riohacha nombró a su noveno alcalde en tres años. Entre destituciones por corrupción, mal uso de fondos públicos e investigaciones por otros delitos, la inestabilidad se ha normalizado. Así es muy difícil sacar del atraso a una de las regiones más críticas de Colombia.
Juan Carlos Suaza Movil fue elegido en unos sufragios atípicos con 13.885 votos. Administrador de empresas, avalado por la Alianza Social Independiente, en coalición con el Centro Democrático, tiene larga experiencia en el sector comercial de la región y fue dos veces concejal. Llega a enfrentar una situación muy complicada, en medio de una crisis humanitaria y política.
Para empezar, la elección de Suaza demuestra que las instituciones han perdido legitimidad en Riohacha y en La Guajira. Aunque el nuevo alcalde obtuvo el 48,99 % de los votos totales, el número más memorable (y angustioso) de la jornada es otro: 75 % de abstención electoral. ¿Cómo un mandatario elegido con tan baja participación puede generar la unidad y la revolución que necesita la ciudad? Insistimos: será difícil, aunque por supuesto le deseamos el mejor de los éxitos.
En datos con corte a septiembre de este año, en La Guajira iban 38 niños muertos por desnutrición, superando ya con creces los 27 que murieron en 2017 por la misma causa. Según reporta El Heraldo, son 961 casos crónicos.
Hablando solo de la capital, el principal reto, además de la corrupción, es la pobreza. Cifras del año pasado muestran que el 46,9 % de los hogares que viven en Riohacha se encuentran en pobreza monetaria. Para el DANE, si un hogar de cuatro personas recibió menos de $1 millón al mes, fue considerado pobre.
En pobreza extrema, la cosa no mejora: Riohacha, con 15,1 % de hogares en pobreza monetaria extrema, es la segunda peor del país, solo superada por Quibdó, con un 17,7 %. Para el DANE, una familia con cuatro miembros fue considerada pobre extrema si obtuvo menos de $465.320 mensuales.
Esta realidad genera una brecha enorme de desigualdad y, además, desconfianza en las instituciones.
No es para menos. Fabio Velásquez, último alcalde nombrado por voto popular y quien formaba parte de Cambio Radical, fue inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar. El desfalco total se estima en unos $5.7000 millones, en una región donde hay niños literalmente muriéndose de hambre.
Hasta ahora, la respuesta de la clase política ha sido ineficiente. Más allá de los discursos sobre cómo debe haber un giro en el rumbo, son muchos los intereses que están en juego y la influencia de personas cuestionadas por la justicia, como la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto (quien fue liberada por vencimiento de términos), todavía se siente.
El Gobierno Nacional y la sociedad civil de todo el país deben mantener la mirada atenta sobre Riohacha y La Guajira. A ver si, por fin, empieza su camino hacia la recuperación.
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