Las proyecciones mundiales indican que situaciones climáticas extremas como ésta no serán las últimas. Pareceríamos condenados, entonces, a repetir este año con unas consecuencias políticamente inaceptables.
Con excepción de voces aisladas, como el gobernador de Cundinamarca, quien insiste en liberar espacios para permitir el “descanso de las aguas” e intervenir las cuencas para recobrar su capacidad de regulación, la mayoría parece enfrascada en responder con los mismos errores que nos llevaron a la tragedia. Por supuesto, hay que atender las emergencias. Pero una cosa es seguir adecuando el territorio para las necesidades individuales y otra empezar con la adaptación colectiva. La respuesta de “sálvese quien pueda” en predios en el plano de inundación del río Bogotá, evitó, a quien pudo, pagar la catástrofe de la segunda creciente. Pero contribuyó a trasladar el problema a la colectividad que estaba aguas abajo. Con un colonial Puente del Común por encima de las aguas, y una universidad y una autopista inundadas, hay algo profundamente equivocado. Los privados se ven abocados a llamar a “expertos holandeses” para que les indiquen cómo atender su lote. Más que permiso para construir una muralla, habría que pagar una tasa por desregulación hídrica, proporcional al terreno sustraído a las crecientes. En la geografía básica los ríos tenían planos de inundación; hoy son canales mal logrados. El fracasado modelo de jarillón y dragado, absurdo por su costo, se pide además para Fúquene, cuando los expertos nacionales saben que sólo intentarlo sería propiciar el colapso de la laguna como sistema ecológico. ¿Por qué no se adquieren, de una vez, algunas de las tierras que siempre fueron de los ríos y de las lagunas? Los ciudadanos están desprotegidos. La desconexión de la sociedad con su territorio es profundamente preocupante.
Frente a las ya comunes montañas deshaciéndose y a las llanuras saturadas de agua, este año hubo novedades: amplios sectores de urbanismo consolidado inundados, una ciudad de casi medio millón de habitantes sin agua durante semanas, un río de petróleo y otro de fuego… ¿Cuándo perdimos el sentido común sobre el territorio? Las autoridades ambientales regionales, con notorias excepciones, abandonaron su misión y hoy son ampliamente repudiadas. La mayor amenaza es que en sus manos la adaptación se convierta en una feria de contratos.
Colombia acaba de reprobar con la ola invernal del 2011, porque la emergencia que se volvió crónica todavía no ha contribuido suficientemente a que construyamos una visión adecuada sobre nuestro territorio; la forma como lo concebimos y lo vivimos. No hay un debate nacional serio sobre la institucionalidad para guiar la gestión de lo público, que en lo ambiental se volvió gestión de riesgos y de catástrofes. 2011 no es tanto el año en el que el cambio climático, ahora culpable de todo, se manifestó. Es el año en que salió a flote nuestra vulnerabilidad, que es ecológica, cultural e institucional. La adaptación no es para un plan de gobierno. Ni siquiera para uno que repita. Debe ser una política de Estado. Pero no está en ningún programa político. Estamos a la suerte de los elementos o, como dirían los expertos locales, seguiremos en manos de San Pedro.