Épocas de lluvia siempre ha habido. También años de ‘La Niña’. Incluso podrían recordarse años en que ambos fenómenos hayan coincidido. De hecho, las imágenes de casas, vías, animales y pueblos en medio de las aguas no son extrañas para la geografía y la historia de este país intertropical, húmedo y de ríos con grandes planos de inundación.
Sí puede ser anómala la cantidad de colombianos que son víctimas directas del erróneamente llamando fenómeno “natural”. En efecto, en la emergencia se conjuga, con igual o mayor influencia, la vulnerabilidad de la sociedad con las inexorables fuerzas de la naturaleza. El problema de fondo es que se trata de una situación excepcional que más pronto que tarde se ha constituido en aquello que los científicos del cambio ambiental global denominan “nueva normalidad”.
La ocurrencia de dos emergencias invernales después de un año de extrema sequía parece coincidir con el patrón mundial de eventos extremos, que se anuncia como parte del nuevo consenso científico acerca del cambio climático. Como ciudadanos, más quisiéramos que en esto los científicos se estuvieran equivocando, pero la evidencia parece consolidarse del lado contrario al de los escépticos.
No hay duda de que ya estamos en la era de la adaptación. En las discusiones mundiales sobre adaptación al cambio climático hay dos enfoques que lucen contradictorios cuando se asumen posiciones extremas. De un lado, la “adaptación basada en infraestructura”, y del otro, la “adaptación basada en los ecosistemas”. Es entendible que en medio de la emergencia el país enfrente la recuperación de la infraestructura y el refuerzo de la contención de las aguas altas. Pero la segunda ola invernal de este año demuestra que es necesario que lo urgente —la infraestructura física— dé paso a lo importante: modificar la forma como ocupamos y usamos el territorio.
Grave que esta aproximación sólo aparezca marginalmente, o tal vez tergiversada, como cuando en la pasada ola invernal se propuso la reforestación comercial como respuesta adaptativa. Además, como se trata de un camino de largo alcance, esta repuesta tiene el riesgo de caer en el olvido: ¡hasta que llegue la próxima ola invernal!
No es preciso decir que la naturaleza nos está pasando la cuenta. La naturaleza siempre tendrá la última palabra. Es un problema de responsabilidad política. La gran vulnerabilidad de la población humana asentada en el camino de las aguas es una cuenta que le pasa a la sociedad aquel sector que viene alertando sobre el tema. En efecto, el país en la década de los noventa formuló una Política Nacional de Humedales Interiores, que fue prácticamente desmontada en los últimos años.
Parte del problema podría estar allí. Con notorias excepciones en Risaralda y el Valle del Cauca, por citar sólo algunos casos, el país abandonó el inventario de todos sus humedales. Entre ellos justamente los estacionales, en los planos de inundación de los ríos. Hoy, en medio de la emergencia, es claro que estos temas, cuando no se asumen pausadamente como parte de la gestión ambiental normal, se retoman aguas abajo como gestión del riesgo. En medio de las aguas, y con una mirada de un largo plazo que ya debe comenzar, el país debe abrir un espacio político, técnico y de inversión, para reconstruir su infraestructura natural, en la forma de bosques y humedales que regulan el ciclo hídrico. También para ordenar el uso y ocupación de los humedales. Hoy es claro que los jarillones, que apenas serían solución para el corto plazo, se vuelven parte del problema cuando la emergencia se vuelve crónica.