El Vicepresidente le dio a entender a El Tiempo que descubrió cómo los racismos estructurales y cotidianos imperantes en el país son responsables de que las poblaciones afrodescendientes estén en las peores condiciones de bienestar de todo el país. Del mismo modo halló soluciones inéditas. Fustigó a las universidades que no cumplen con cuotas de admisión especial para estudiantes negros, como si para mejorar su reclutamiento el Gobierno ya hubiera instituido claras acciones afirmativas. El resto de sus recomendaciones ya han sido sugeridas por activistas y académicos desde 1940. Pero también han sido sometidas a la invisibilidad, aquella conducta institucional que puede constatarse examinando cómo a principios de 2003 el Ministerio de Educación echó para atrás la publicación y distribución masiva entre colegios públicos y privados del Atlas de las Culturas Afrocolombianas, entre otras limitaciones que convirtieron la implantación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en esfuerzos aislados y a contracorriente, pese a que esa revolución educativa había sido contemplada por la reforma constitucional de 1991.
Es evidente que este giro inusitado del Ejecutivo tiene que ver con presiones internacionales y de la Corte Constitucional, en respuesta a crecientes reclamos por parte de organizaciones del movimiento social afrocolombiano. Entre las primeras sobresalen las que formulan las Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes, del 27 de marzo de 2009 (CIDH). Por el lado de los Estados Unidos están las exigencias del senador afronorteamericano Gregory Meeks, dentro del tira y afloje por la aprobación del TLC, así como las que se derivan de la política de derechos humanos mediante la cual el presidente Barack Obama inauguró su mandato. Desde la Corte Constitucional destaca el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, en razón al incumplimiento de las responsabilidades estatales frente a las víctimas afrocolombianas de la guerra.
El documento de la CIDH implicaría que para lograr metas como las que esboza el vicepresidente Santos, sería necesario hacer múltiples correcciones, como la de los errores que el DANE cometió en el Censo de 2005 para cuantificar a la población afrodescendiente. Será difícil poner en marcha políticas para poblaciones negras con subregistros hasta del 50%. Otra enmienda involucraría profundizar la actual reeducación de las Fuerzas Armadas para que no discriminen y estigmaticen a las comunidades negras y sean más proactivas ante las alertas tempranas que ellas emiten. Y una rectificación adicional estaría en la repatriación de los desterrados y el saneamiento de sus territorios colectivos, invadidos y usurpados para ser destinados al monocultivo insostenible de la palma aceitera. De ahí que la CIDH apremie replantear el fomento de esa palma y de otras matas para producir biocombustibles, así como fortalecer e innovar los policultivos ancestrales para la producción sostenible.
Lo anterior dentro de nuevos marcos legales y pedagógicos que den lugar a la eliminación del racismo y la discriminación racial, responsables de la mayor precariedad dentro de la cual se desarrolla la vida de la gente afrocolombiana, negra, raizal y palenquera.