Una cuestión que, desde ayer, fue atendida con la prontitud y la fuerza institucional del caso: ya el gobernador Sergio Fajardo visitó la zona e informó que el rescate podría durar tres días enteros, si se hace caso a las más estrictas medidas de seguridad, teniendo en cuenta que “hay pocas esperanzas de vida”; ya Carlos Mario Usme, director de Gestión Ambiental y Minera de Amagá, desechó la descabellada tesis de evacuar el agua por otra mina y se convenció de drenarla directamente de la boca de La Cancha; ya se hizo un plan de contingencia psicológica para someter a tratamiento a los familiares de quienes quedaron sepultados; ya hay más cifras de riesgo en Antioquia dadas por la Superintendencia de Sociedades; ya el Gobierno Nacional declaró como calamidad pública lo sucedido para atender la emergencia con un paquete de medidas.
Medidas que, por demás, llegan tarde a la tragedia: tan sólo sirven para paliar sus efectos devastadores, pero no, y como ya nos acostumbramos a decir en lo que tiene que ver con la minería ilegal o la artesanal (no son lo mismo, valga la aclaración), para prevenirlos.
Son varias las ocasiones que hemos usado este espacio editorial en este año para referirnos a la urgente necesidad de crear una política pública, con enfoque local, que atienda los retos más grandes en materia de seguridad que deben afrontar los pobladores de un lugar como Amagá.
Sin embargo, el enfoque no debe concentrarse solamente en la prevención de desastres: está el lado social, también, eso de que las personas deban meterse en una mina, muchas veces a sabiendas de que pueden morir, solamente para tener algo que comer. El Estado no sólo debe manifestarse en seguridad de la infraestructura (que también) ni en ese proyecto de escuadrones administrativos buscando lugares donde haya retroexcavadoras ilegales, sino también en atender las necesidades locales: tanto más se podría solucionar si apareciera el Estado en su forma menos rústica: trabajo digno, condiciones favorables, salud y educación. El testimonio de Rosmira Estrada, madre de dos de los 12 seres humanos que están hoy bajo tierra, es suficiente para ilustrar esa dura realidad: “Mi hijo menor me decía la semana pasada: ‘Ay ma, yo tengo ganas de salirme porque eso está muy hondo y me canso mucho saliendo’. Y ni alcanzó mi muchacho. No se había salido porque el café no había madurado y de algo teníamos que comer”.
¿Hasta cuándo, entonces? ¿A cuántas tragedias más tendremos que someternos para que una política pública llene el vacío institucional que existe en la minería en Colombia? Ese tema, esa locomotora del desarrollo tantas veces cacareada, tiene una serie de problemas innegables: un tren desbocado, sin rieles por debajo.
El Gobierno es el que tiene la palabra: una propuesta creativa que, en conjunto con las administraciones locales, pueda generar una minería artesanal y de gran producción acorde con una serie de principios insoslayables: la seguridad y el medio ambiente. Planear para prevenir no es tan difícil. Pero estamos en mora.