Muchas veces se ha pedido la participación de la sociedad en general en estos diálogos, por lo menos con un mayor nivel informativo. El principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” que se sigue en la mesa de diálogos deja un sinsabor en la boca cuando uno no sabe, en efecto, qué es lo que se está discutiendo en ella. Sabemos de declaraciones de principios y acuerdos generales, lo que firman al final, pero no cómo es que dos enemigos se sientan a discutir y a ponerse de acuerdo, cosas que, por demás, ayudarían mucho a esta sociedad polarizada. El hermetismo con que se han llevado estos diálogos, si bien en un principio positivo y eficiente, puede redundar en un alejamiento de la sociedad, en una falta de legitimidad del proceso.
Pero no es así, como reveló Semana, pues al parecer se montó una fachada en el barrio Galerías de Bogotá, en donde operaban tanto civiles como militares espiando a los delegados plenipotenciarios en La Habana. ¿No se dan cuenta del peligro que supone esto para el proceso de paz, tan viable en el futuro como endeble en el presente? De ser esto cierto, ¿no tendrán que salir a dar explicaciones todas las autoridades del orden público nacional?
No es posible —es inconcebible, de hecho— que el país no haya terminado de recuperarse del bochornoso evento de las llamadas chuzadas del extinto DAS, que usaba, de igual modo, fachadas que supuestamente espiaban al terrorismo pero al mismo tiempo intervenían a políticos de oposición, activistas y magistrados, y nos encontramos, ya en el final de otro gobierno, transitando un camino similar. ¿Qué fue lo que hicieron?
Palabras más, palabras menos, esto: “Lo que allí se hacía era muy sencillo. Allá no se podía hacer control de voces, pero sí se podía hacer control de datos, que esencialmente son correos, pines, etc. Los blancos eran personas relacionadas con las ONG: Piedad, Cepeda, los de siempre. Pero también, y principalmente, algunos de los plenipotenciarios y asistentes”, se lee en el informe de la revista, según un testigo cuyo nombre se reservan. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, entre otros, pudieron haber sido blanco de esta deplorable actividad.
El presidente Juan Manuel Santos se molestó. Dijo que por eso se eliminó el DAS (no fue suficiente, por lo visto, tal y como lo dijimos en este mismo espacio hace meses) y pidió a su ministro de Defensa y a la cúpula militar que informen hasta dónde llegaron las interceptaciones y quién está detrás de todo. En las narices del Estado operaron, por supuesto, y fue un medio de comunicación el que salió a revelar todo.
Que aclaren, entonces. Que no se queden en la lógica de botarse la pelota de un lado de la cancha al otro mientras vamos a elecciones y todo se olvida de repente. Esta situación, que mina la confianza en un proceso de paz que goza de amplia aceptación de la opinión pública, es, de lejos, el más duro golpe que afronta esta política en los dos años que lleva. Claridad es lo mínimo exigible. Y que los responsables paguen.