Se espera que antes de que terminen las sesiones de este año, en el Congreso se apruebe un marco jurídico excepcional en el cual los ex paramilitares, si bien puedan ser procesados por la justicia y reciban su condena como cualquier otro criminal, no sean privados de su libertad. Para eso se diseñarán ciertos beneficios y se incorporarán elementos de justicia transicional que permitan que se cumpla con la verdad, la justicia y la reparación que reclama la Corte. Esto, con el fin de que el proceso de reinserción no termine en el completo fracaso y entorpezca, por lo demás, cualquier otra salida pacífica del conflicto.
De la credibilidad de las condiciones del Estado depende que los actores armados juzguen la negociación como una posibilidad real. Ahora podrán darse casos tan absurdos como que los ‘paras’ rasos reciban penas mayores que las de sus jefes, quienes se encuentran acogidos al proceso de Justicia y Paz. Además de las consecuencias para el futuro de los conflictos en Colombia, tal realidad puede implicar que estos desmovilizados, que hasta ahora han recibido subsidios del Estado, pero que siguen sin poder reincorporarse en la sociedad por su pasado criminal, rearmen las bandas delictivas ante el hecho de tener que responder a la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado, esto es, por pertenecer al grupo armado irregular. Todo esto sin mencionar que Jorge Iván Laverde, comandante de las autodefensas conocido como El Iguano, quien confesó más de 1.000 asesinatos en Norte de Santander, aseguró que los ex jefes paramilitares suspenderán su participación en el proceso mientras no se resuelva el problema.
Así, pues, si no se quiere el peor de los resurgimientos de la violencia, el Gobierno, junto con el Congreso, deberán solucionar el destino jurídico no sólo de los paramilitares, sino de los guerrilleros desmovilizados, que se han valido de las mismas figuras que los primeros para evitar la prisión. Cerca de 30.000 mil ex combatientes estarían ad portas de volver a las armas si el proyecto que se radica hoy no llega a buen fin. No obstante, a pesar de su gravedad, esta complicación estaba anunciada: desde 2005, cuando se presentó la Ley de Justicia y Paz, la Corte Constitucional se opuso a la consideración, consagrada en el artículo 71, de darles estatus político a los paramilitares, pues se abriría la posibilidad, entre otras, de que quedara oculta la verdad y se impidiera la reparación. De ahí que se declarara como inconstitucional el artículo en 2006 y desde entonces se utilizara, de manera improvisada, el principio de favorabilidad para evitar el colapso del proceso.
En 2007, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cerró esta salida y obligó al Gobierno a intentar con el principio de oportunidad en una nueva ley que fue la que recientemente rechazó la Corte Constitucional, otra vez, por el mismo motivo: verdad y reparación. Por esto, el tercer intento incluye un pacto de los desmovilizados para no reincidir en delitos, colaborar con la reconstrucción de la memoria histórica y reparar a las víctimas con trabajo comunitario. A cambio, ellos recibirán la suspensión de órdenes de captura y suspensión condicional de condenas. Esta concesión, que debió hacerse desde el comienzo, tiene posibilidades de salvar el proceso, por lo menos en términos de constitucionalidad. Falta ver, en el ámbito práctico, cómo se logrará procesar tal número de desmovilizados, pues con los 2.800 altos mandos de los paramilitares, la justicia ya se encuentra rebosada. Por ahora, sin embargo, el reto está en lo primero.