Con el tiempo se le adicionó la tarea de servir como mediador en la política de fronteras y de catalizador en los procesos de integración entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Tarea importante, sin duda, pero con todo y su relevancia, ésta ha sido y seguirá siendo una meta imposible para dicho órgano deliberante. Sin capacidad decisoria, sus recomendaciones son poco más que titulares de prensa, que sólo evidencian su radical invalidez.
Para la muestra, en el marco de la actual crisis con Venezuela se leyó en una de sus resoluciones que la enemistad entre repúblicas hermanas perjudicaba los intereses de los pueblos andinos y que por ello se hacía un llamado “a preservar los canales de diálogo para la solución pacífica de las controversias suscitadas”. Propuesta razonable, quién lo duda, pero tan inoperante como cualquier anuncio de la calle. De aquí que, desde su implementación en 1984, el Parlamento Andino haya vivido en silencio y lejos de la conciencia de los más de 100 millones de habitantes que representa —hoy menos que en sus inicios, pues en abril de 2006, por la negociación unilateral de Perú y Colombia con la Unión Europea, Venezuela abandonó la CAN—.
En el país, el Parlamento Andino vino en realidad a aparecer como referente colectivo durante las elecciones del pasado 14 de marzo, cuando los votantes se enfrentaron a un tarjetón adicional. Anteriormente, los cinco miembros de Colombia en el organismo eran congresistas que, dentro de sus funciones, adicionaban tal representación. Sin embargo, y con miras a otorgarle mayor seriedad a la institución, el Congreso de la República expidió la Ley 1157 del año 2007, donde se señalaban los compromisos adquiridos por Colombia con la CAN y se exigía la elección popular de los parlamentarios andinos, quienes tendrían como única función hacer avanzar los procesos de integración.
Como se sabe, al obtener más sufragios que cualquiera de los candidatos, el voto blanco ganó las elecciones. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral refrendó la designación de los cinco representantes colombianos. Su argumento: anular las elecciones requiere no de una mayoría simple sino absoluta, es decir, de la mitad más uno de los votos totales. El ex ministro y ex alcalde Jaime Castro, en unión de un ramillete de juristas, presentó una demanda argumentando que los requerimientos de mayoría absoluta dejaron de serlo en 2009. Castro, además de buscar el reconocimiento de la victoria del voto en blanco, anunció que le pedirá al nuevo gobierno derogar la ley de elección, retornar al modelo anterior y aligerar así los costos.
Petición que, si bien aliviaría en parte las erogaciones, tiene poco sentido, pues si el Parlamento Andino no funciona, los viáticos y bonificaciones que seguirían recibiendo los congresistas por su colaboración serían tan inoficiosos como los cinco salarios adicionales que debería pagar el Estado en el esquema actual. El problema va, pues, mucho más allá de los gastos y está en la propia existencia de instituciones inútiles, que entorpecen las necesarias. Este debate no debe quedarse en cómo se elige a los parlamentarios andinos, sino que debería avanzar a cómo hacer para poder un día dar origen a un órgano multilateral con facultades jurídicas y legislativas, en lugar de seguirnos llenando de instituciones del papel.