Vuelve el tema, entonces, en plena época preelectoral y como una propuesta que el Congreso podría evaluar una vez estrene su nueva legislatura. Ya mismo.
El presidente justifica la propuesta con un argumento sensato: a la hora de fijar políticas públicas, los tiempos cruzados entre las entidades locales y el gobierno central no permiten la mencionada sinergia. Mientras el presidente de la República va a la mitad de su mandato, dijo, con algunos aprendizajes hechos en su relación con alcaldes y gobernadores, éstos se van de repente para dar paso a nuevas elecciones y a nuevos funcionarios. A nuevas agendas. A nuevos aprendizajes. “Homologar períodos”, lo ha llamado Juan Manuel Santos de forma pedagógica.
Y sí. Todo lo que dice es cierto. Sin embargo, pensando la propuesta desde otras aristas, pueden presentarse problemas. De toda índole. Unos de fondo, importantes: ¿cuánto tiempo es el ideal para que un mandatario local ejerza su gestión? ¿Es necesario, sin tener en cuenta el ideal tiempo “homologado” con el gobierno nacional, que estén más años en su cargo? ¿Las ciudades y los departamentos requieren una gestión más larga, de afianzamiento de las políticas públicas? Porque las razones se desdibujan un poco cuando lo único que importa es la agenda compartida de días y los juegos sinérgicos de la política. No justificaría toda una reingeniería constitucional. No por lo menos si esa es la única razón.
Lo otro está en las formas: ¿es conveniente extender el período de alcaldes y gobernadores cuando están en el cargo? ¿No había dicho ya la Corte Constitucional que eso era impropio? Suena un poco a que les dará un cierto tipo de beneficio del que no estaban enterados al momento de firmar un contrato simbólico con la ciudadanía. ¿Y la ciudadanía? ¿No tendrá algo que decir? Expertos han dicho que nada lo prohíbe, aunque el enfoque, a nuestro gusto, debería ser el opuesto: ¿algo lo permite?
La segunda opción que perfiló Santos fue la de hacer una reelección inmediata de los mandatarios locales por dos años. “No sé constitucionalmente cuál (de las dos) puede ser”. Puede ser. Sin embargo, este análisis debe hacerse mucho más allá de las coyunturas e intereses políticos del momento. Debe ser algo que obedezca a razones mucho más profundas.
Más atractiva resulta la insistencia del presidente en que una vez termine su eventual segundo mandato, en 2018, se debe acabar con la reelección presidencial, que le metió un hachazo a la arquitectura de la Constitución de 1991. Si finalmente queda una reforma de no reelección y ampliación del gobierno del presidente a cinco o seis años, perfecto. Mejor, imposible. No dudamos, como no lo hicimos desde este mismo espacio cuando se planteó el cambio del “articulito”, de los perversos efectos que tiene y ha demostrado tener en este país la reelección inmediata. Lo que no deja de ser curioso, como lo mostró con sus trazos el maestro Héctor Osuna en su caricatura de ayer en este diario, es que el empeño por eliminar la figura no se hubiera vuelto prioridad hasta después de lanzar la reelección propia. Lo cual, por supuesto, le resta fuerza a la propuesta, por necesaria que sea.
Y ya metidos en esto, y frente a los debates que hay de por medio, cabe una última pregunta: ¿ese es el gran proyecto del gobierno reeleccionista con el que se tendrá ocupado al nuevo Congreso? ¿No valdría la pena concentrar los esfuerzos en temas como reformar los sistemas educativos, de salud, de justicia…? Ahí dejamos planteada la duda.