Perú necesita elecciones democráticas y libres cuanto antes. También necesita permitir que verificadores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiguen los notables abusos de la Fuerza Pública en las protestas que acaban de cumplir un mes sin tener vocación de detenerse. El intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo llevó a su destitución de manera constitucional, eso es cierto, pero lo que no se comprende es cómo la nueva presidenta, Dina Boluarte, ha permitido que las fuerzas del Estado disparen contra la población que se ha manifestado por la frustración que sienten ante la crisis. El Congreso debería abandonar su egoísmo y reconocer que la crisis institucional se resuelve con más democracia, no apoyando la represión sangrienta que hemos visto.
Perú está bajo un estado de emergencia desde el pasado 15 de diciembre, y lo estará por los próximos 30 días. Este sábado Boluarte, presionada por las protestas que no logra controlar y por los sectores más radicales de la política peruana, expandió el decreto de emergencia. Eso quiere decir que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”. Un desastre, porque en el marco de esa normativa y en el lenguaje empleado por la presidenta está la visión de que quienes protestan son más terroristas que ciudadanos, lo que no corresponde con la realidad.
Los números son muy dicientes. Al cierre de esta edición, y con base en números de la Defensoría del Pueblo de Perú, 49 personas han sido asesinadas en las protestas; de esas, 41 por agentes del Estado. Abundan los relatos (y los videos) angustiantes de las fuerzas estatales disparando de manera indiscriminada, no respetando los derechos humanos de los manifestantes y abusando de su poder. En Juliaca, al sur de Perú, hubo una matanza de 17 personas y 52 heridos. No es la única, y ni siquiera la visita que la CIDH le hizo al país hace unos días sirvió para aplicar las fuerzas estatales que están desmedidas.
El problema es que Boluarte no está a la altura de su responsabilidad. La presidenta, en un discurso a la nación, dijo: “No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos”. A renglón seguido, continuó: “No voy a renunciar. Mi compromiso es con Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”. Es decir, ninguna responsabilidad y sí mucha estigmatización.
Un contexto relevante es que las peores protestas se han visto al sur del país, los territorios más pobres de Perú y que más votaron por Pedro Castillo. Esto es un reclamo por la democracia, por eso son necesarias elecciones inmediatas. No más rodeos ni bloqueos. Para empezar a salir de la crisis, los peruanos necesitan poder regresar a las urnas.
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