Sergio Vanegas, exdirector comercial de Jardines Luz y Paz, lanzó en la revista digital Cambio una serie de acusaciones que, cuando menos, son difíciles de creer y, sin concederle el principio de buena fe, pueden leerse incluso como una malévola intención de intervenir en las elecciones locales de este año. Si bien los graves cuestionamientos de corrupción que ya se venían presentando hace meses contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) deben ser esclarecidos por la Fiscalía y llevar a responsabilidades políticas, las afirmaciones de hornos crematorios para 300 desaparecidos durante el paro nacional de 2021 no parecen tener sustento. Grave que haya líderes políticos que aprovechen la incertidumbre para hacer campaña con temas tan graves para el país.
Venegas le contó a Cambio que durante septiembre de 2021 llegaron al Cementerio Parque Serafín un aproximado de 300 cuerpos sin identificar, que luego fueron supuestamente cremados, y que él considera que se trataba de desaparecidos del paro nacional. En el proceso acusó a la Policía de Bogotá de tener una estrategia para cometer ese horror y a la Alcaldía Distrital, básicamente, de ser cómplice. Después de dar la entrevista, Venegas se acercó a la Fiscalía para expandir sus denuncias, en las que también incluye el pago de sobornos para quedarse con contratos en los cementerios.
Hablemos primero de los desaparecidos. La acusación es escandalosa por la tragedia que implicaría: 300 personas violentadas por fuerzas del Estado y luego cremadas para borrar la evidencia. Sin embargo, en ausencia de pruebas presentadas por Venegas, surgen muchas preguntas que retan la lógica: ¿dónde están las familias de esas 300 personas desaparecidas? ¿Por qué no las hemos escuchado? No es común que 300 personas desaparezcan y no hayamos escuchado nada. Pero además, durante el paro nacional, la labor de las organizaciones sociales y de la misma Alcaldía fue denunciar presuntos casos de desaparición, que fueron solucionados por las autoridades en su abrumadora mayoría. En respuesta a las denuncias de Venegas, ni Human Rights Watch, ni la ONG Temblores, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Defensoría del Pueblo dan cuenta de denuncias pendientes por desaparición. Piden investigar, claro, pero todo sigue siendo muy extraño.
Otro punto es que Venegas se autoincrimne en actos de corrupción. La Uaesp ya tiene encima una investigación de la Fiscalía por un contrato de $41.300 millones que habría sido adjudicado con sobornos. La renuncia de su directora, Luz Amanda Camacho, esta semana tardó demasiado después de que los concejales de la ciudad venían reclamando responsabilidad política. Es necesario que la capital sepa cuanto antes qué pasó y si hubo corrupción en la administración de Claudia López.
Empero, queda el sinsabor de que acusaciones rimbombantes y sin mucho fundamento llegaron para ambientar una campaña política que ya se calienta y se proyecta reñida. Sería una lástima que los debates electorales en la capital se den sin buenos sustentos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.