Esta semana se anunció una buena noticia que, sin embargo, despierta justas suspicacias. El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la Alianza Verde por haberles concedido avales a candidatos que estaban inhabilitados por la Procuraduría. Pese a que celebramos que los partidos tengan por fin responsabilidad por sus candidatos, no deja de ser curioso que, entre tantos casos, el CNE haya empezado por una agrupación minoritaria que está empezando a tomar vuelo en vísperas de elecciones. Esperamos que pronto haya más decisiones para silenciar cualquier duda.
El CNE suspendió el derecho del partido Alianza Verde a inscribir candidatos en varias regiones durante las próximas elecciones regionales de 2019, debido a las irregularidades presentadas en los comicios de 2015, cuando se inscribieron por lo menos 87 candidatos inhabilitados (por condenas judiciales o administrativas) en 60 municipios del país. En ninguno de esos municipios los verdes podrán presentarse, incluyendo elecciones como la del Concejo de Bogotá. Esta sanción, por cierto, fue apoyada por la Procuraduría y no es la más grave estipulada en la ley, que en casos más severos incluye la suspensión de la financiación o de la personería de los partidos.
Alexánder Vega, presidente del CNE, explicó que este “es el primer partido al que se sanciona por los candidatos inhabilitados para las elecciones regionales del año 2015. El CNE revocó más de mil candidaturas en esa ocasión, de las cuales 700 eran candidatos que la Procuraduría, en sus antecedentes, reportaba como inhabilitados”. La palabra clave en esa declaración es “primer”, pues sería apenas natural esperar que todos los partidos con situaciones análogas sean sancionados, lo que seguramente alterará el mapa electoral del 2018.
Los verdes, de hecho, manifestaron cierta incomodidad con la decisión (que pidieron reponer). Antonio Sanguino, vocero del partido, dijo que la medida fue “desproporcionada” y que le preocupa lo que él ve como “sesgo político” en contra de la Alianza Verde. El argumento que da es que los verdes han estado a favor de la eliminación del CNE. “No puede ser que nos sancionen cuando en La Guajira no sancionan a Cambio Radical por avalar dos candidatos que están detenidos”, dijo en Blu Radio.
El discurso de la persecución política no es nuevo en el país y en muchas ocasiones ha sido usado de manera irresponsable. Que la Alianza Verde sea el primer sancionado bajo esta normativa es, sin duda, un hecho particular, pero no necesariamente nos lleva a pensar en la existencia de un sesgo político.
El CNE podría demostrar su independencia y compromiso con la vigilancia de las reglas electorales si expide pronto sanciones contra partidos que cometieron las mismas irregularidades que los verdes (sin duda, los hay).
En este tipo de situaciones, consideramos que lo más sano para el país es confiar en la institucionalidad, pero el CNE no puede creer que ese voto de confianza se mantiene solo: si vamos a empezar a tomarnos en serio las irregularidades en las elecciones de Colombia, como lo dijo Sanguino, la Alianza Verde no es la única que merece ser sancionada. La celeridad en la expedición de nuevas sanciones, además, permitiría que el país arranque una nueva etapa electoral con los partidos sabiendo, por fin, que no pueden avalar a quien se les antoje y no responder por sus candidatos.
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