A punto de cumplir tres décadas desde que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y la Fuerza Pública lanzó su retoma a sangre y fuego, la Fiscalía General anunció el hallazgo de los restos de tres personas que figuraban como desaparecidas desde que sucedió la tragedia: Cristina Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Sus familias, que nunca han dejado de buscar y de cargar con el dolor del no saber qué sucedió ni -más importante aún- por qué sucedió, se encontraron con una inesperada dosis de justicia. Bien por la Fiscalía, que perduró en una investigación que, a medida que envejece, se hace mucho más compleja e impenetrable. Pero no podemos conformarnos. Todavía estamos muy lejos de tener todas las respuestas que las familias y el país necesitan para hacer su duelo.
Entre otras cosas porque el anuncio del descubrimiento, bienvenido por algunas víctimas, trajo desazón para otras. Pese a que en 2013 el CTI había dicho algo que sonaba a rendición -“no hay dónde más buscar. No estamos esperando a que aparezcan, no hay ninguna diligencia pendiente”-, los nuevos hallazgos se dieron gracias a que identificaron varios restos que habían sido enterrados bajo otros nombres. Entonces, Blanca Inés Ramírez de Angulo y María Isabel Ferrer de Velásquez, quienes por muchos años aparecían como sepultadas en el cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, ahora forman parte de la lista de desaparecidos. Encontramos tres, perdimos dos. Nos faltan diez. Y el tiempo sigue corriendo mientras la verdad sigue envuelta en telarañas.
Un país que se prepara para el posconflicto no puede, bajo ningún motivo, olvidarse de las preguntas sin responder que no dejan de envejecer.
El Palacio de Justicia ejemplifica las fallas que nos han caracterizado en este medio siglo de guerra: asesinatos injustificados, actuar errático del Estado, participación indebida de las Fuerzas Armadas, desapariciones, confusión y sangre, heridas que no cicatrizan. Todo, empeorado por la falta de información y por una justicia que, pese a darse golpes en el pecho, no avanza. O, peor, desvía, como estos 30 años de investigación de lo que sucedió en el Palacio de Justicia antes, durante y después de la toma lo han mostrado.
Sin duda alguna hay que celebrar estos hallazgos, en especial porque la desesperanza en este punto es la sensación más lógica. Pero en plata blanca no es mucho lo que suman a la verdad. Hasta que haya respuestas contundentes y sepamos qué sucedió con los desaparecidos y quién asumirá esa responsabilidad, no podremos pasar la página. Lo dijo mejor Édinson Cárdenas León, hermano menor de Luz Mary Portela León: “Nos dijeron que los restos, con un 99% de certeza, eran los de nuestra hermana. Pero no estamos tranquilos. Si algo, tenemos muchas más dudas”. Todos, en realidad.
Aclarar el rol del Ejército en las desapariciones, la influencia del narcotráfico en el actuar del M-19, encontrar los restos que faltan y saber por qué fueron enterrados en donde sea que se encuentren son mínimos requisitos para el proyecto de construir un nuevo país. ¿Cómo vamos a empezar a sanar las heridas de las Farc si ni siquiera hemos sido capaces de entender aquel 6 y 7 de noviembre de 1985? Las preguntas envejecen, pero el país no puede crecer sin respuestas. Es nuestra deuda con los caídos, sus familias y la institucionalidad contra la que se atentó en el Palacio de Justicia.
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