El Gobierno ha señalado que, a pesar de las mayores inversiones de los últimos años, el atraso del país en infraestructura es muy grande y ha propuesto, entonces, un plan de inversiones viales financiado con lo que produciría la venta del 15% de Ecopetrol. Hasta ahora la propuesta, promovida por el Ministro de Transporte, parece contar con la anuencia del Ministro de Minas y Energía, del Ministro de Hacienda y del Presidente de la República. “Yo tomo el tema muy positivamente. Yo creo que ahí tiene el país un camino para este desatraso de infraestructura”, dijo este último hace unos días.
Varios economistas y analistas nacionales han recibido el tema con beneplácito. Han señalado que la rentabilidad social de superar el atraso en infraestructura es altísima y justificaría la venta parcial de un activo público tan valioso como Ecopetrol. Pero otros han expresado sus temores sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar, en poco tiempo, un plan tan ambicioso. Más allá de estas diferencias de opinión, la idea merece ser analizada de manera ponderada y juiciosa. En particular, hay varias preguntas que debería responder el Gobierno antes de llevar el tema al Congreso de la República.
¿Tiene sentido plantear un tema de esta trascendencia al final de un período presidencial? ¿No estará el Gobierno tratando de fijar anticipadamente las prioridades de su sucesor? ¿No sería más adecuado, más respetuoso de la democracia, que el Gobierno trabajara en los detalles técnicos, redactara el proyecto de ley pero le dejara al próximo Presidente la decisión de presentarlo o no? ¿No valdría la pena dejar que el tema se discuta profusamente en la campaña electoral antes de llevarlo apresuradamente al Congreso? ¿No sería mejor aplazar la discusión parlamentaria hasta el próximo Plan de Desarrollo?
¿Existen estudios técnicos que muestren que los proyectos mencionados —las Autopistas de la Montaña en Antioquia, la doble calzada a Villavicencio o la Autopista de las Américas— son los más rentables socialmente? ¿Alguien ha calculado los costos o sumado los beneficios o comparado estos proyectos con otros alternativos? ¿Debe toda la plata destinarse a infraestructura o debe por el contrario una parte dedicarse a la educación, la salud o el saneamiento básico?
¿Alguien ha estudiado con juicio la propuesta de los gobernadores de usar los fondos de pensiones territoriales para adquirir la porción en venta de Ecopetrol? ¿Cuál es el sentido financiero de esta operación? ¿No estarían poniéndose todos los huevos en la misma canasta, en una acción que, después de todo, depende de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo? ¿Cuál sería el papel de los gobernadores en la junta de Ecopetrol? ¿Abogarían por el crecimiento del valor de la empresa o demandarían transferencias regionales?
¿Cómo podría evitarse que el Congreso decida asignar los recursos según una estricta milimetría regional? ¿No podría repetirse la experiencia negativa del llamado Plan 2.500, la negociación a destajo de qué entra y qué no?
Y, finalmente, ¿cuál es la responsabilidad de un Gobierno o de un Ministro que decide, como ya se anunció, presentar un proyecto de ley sin haber contestado ni una sola de las preguntas anteriores?