Los factores se combinaron en su momento, dejando a los inversionistas en el aire: excesos, violación de los topes financieros, especulación, disminución posterior de la confianza en el mercado. El desastre fue, sin duda, enorme.
Pero ha sido un desastre, asimismo, la manera como se ha manejado el caso. Salvo la forma pulcra (que aplaudimos en su momento) en que se manejó el tema de la intervención y la liquidación de la compañía, todo lo demás ha sido bastante lento. Seis meses y hasta ahora se han imputado cargos a 16 personas presuntamente responsables. 1.600 inversionistas (entre ellos reconocidas entidades educativas, privadas, públicas, personas naturales, fundaciones) salieron a protestar por el desplome y aún nada ha pasado. ¿La Junta Directiva no habrá tenido que ver? ¿Cuántas veces más tendremos que usar estas líneas para protestar por la ineficacia de la justicia?
Es por eso que celebramos la actitud que la Procuraduría General de la Nación tomó una vez sucedió todo: desde el 13 de diciembre del año pasado asumió en única instancia el conocimiento de la investigación, no en este caso de los responsables directos, sino de los funcionarios públicos que omitieron acciones para frenar el caótico desplome. De esta forma, ordenó una visita especial al Autorregulador del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, al tiempo que se tomaron versiones libres de los funcionarios implicados.
¿El resultado de la investigación? Alejandro Ordóñez manifestó públicamente que existen pruebas de responsabilidad de seis altos funcionarios, entre ellos Gerardo Hernández, el superintendente financiero. Por dos razones, básicamente: no tomar las medidas necesarias para proteger a los inversionistas (al parecer, desde finales de 2011 ya sabía la tormenta que se venía encima); conocer, desde julio de 2012, serias irregularidades y una posible manipulación de la liquidez de la BMC, y demorarse en denunciarlo a la Fiscalía. Con él, fueron llamados a responder Diego Herrera, superintendente delegado para la supervisión de riesgos de mercado e integridad; Rosita Esther Barrios, delegada adjunta; Sandra Perea, superintendente delegada para emisores, portafolios de inversión y otros agentes; Luis Cuadrado, delegado para intermediarios de valores, y Juan Pablo Arango, delegado adjunto.
Nombres propios que brillan en este escenario oscuro que ha sido el caso de Interbolsa. No queremos decir con esto que ellos sean responsables, nuestra labor no es juzgarlos de una forma u otra, ni más faltaba, pero celebramos que se investiguen las omisiones (una parte tan importante de todo este rompecabezas). Porque al país le deben la verdad, es así de simple.
En apariencia, Interbolsa se desplomó de la noche a la mañana. Pero adentro, es obvio, estaban pasando cosas tras bastidores. Cosas graves. Es por eso que, para tomar ejemplo, toda la verdad del caso debe saberse. Y si es pronto, mejor. No vaya y sea que se nos olvide y las cosas queden, de nuevo, en la oscuridad.
¿Soñamos mucho? La Procuraduría, al menos, ya dio el primer paso.