Después de haber prohibido el porte de armas en todo el país durante diciembre del año pasado y hasta el 31 de enero del presente, el presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto 155 de 2016, mediante el cual se expande la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2016. Aunque la medida es radical, la incapacidad para regular el porte legal e ilegal de armas justifica su adopción. Es clave monitorear el impacto que la medida tenga a lo largo del año, y escuchar a la Policía y al Ejército, encargados de hacerla valer, para evaluar su utilidad.
“Los resultados que nos ha dado la Policía en cantidad de vidas que se han ahorrado por esa decisión [son positivos]”, dijo el presidente al anunciar el decreto. Según el mandatario, la prohibición “nos debe contribuir a seguir disminuyendo el delito y sobre todo los crímenes que se cometen con el uso de estas armas”.
Los datos que se tienen y la lógica parecen darle la razón. En Medellín, en 2015, se implementó una medida similar y se redujo la tasa de homicidios en 33%. En Bogotá, el exalcalde Gustavo Petro prohibió las armas durante todo su mandato y, según su administración, eso ayudó considerablemente en la lucha contra la criminalidad.
Sin embargo, no todo lo soluciona la prohibición. La reducción en homicidios centra la atención contra los que sí ocurren, como los asesinatos múltiples y aquellos causados por actores violentos al margen de la ley. Pese a las cifras históricas (el presidente Santos anunció con orgullo que la tasa de homicidios de 2015 fue la más baja en 40 años), prueba de que aún falta mucho en seguridad es, precisamente, la medida de la prohibición.
En principio, el porte de armas con salvoconducto no tiene motivos para estar vetado en el país. Si contáramos con medios efectivos para regular quién tiene un arma y cómo la obtiene, pedirla al Estado entra en el ejercicio de la autonomía personal de los colombianos. Ese es el espíritu sobre el que se elaboró el decreto 2535 de 1993, en el cual se estableció que, si bien el Estado se reserva la potestad de controlar las armas, los ciudadanos pueden solicitar su porte por motivos personales a las autoridades competentes. Esto, por supuesto, no justifica que se usen para fines ilegales.
El problema empieza cuando esas armas entran al mercado de segunda mano y, por ende, terminan en manos de personas que no han pasado por los filtros oficiales. La prohibición es una admisión de la incapacidad de regular esos espacios grises.
La Policía ha dicho en varias ocasiones que la medida favorece sus esfuerzos de controlar la criminalidad. Ojalá así sea. Pero el Gobierno debe tener claro que esta solución, como todas las prohibiciones, debe ser temporal, mientras el Estado encuentra una manera diferente de cumplir con sus obligaciones constitucionales de brindarles seguridad a los colombianos.
“La seguridad es la base del progreso”, dijo el presidente, y es cierto. Por eso, este sacrificio de la libertad individual está permitido. Pero también hay razones para que los ciudadanos porten armas legalmente, y su derecho no puede suspenderse indefinidamente.
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