La norma existía y debieron pasar casi veinte años para que, después de tropiezos jurídicos de todo orden, se hiciera la primera convocatoria.
Sin embargo, en los gobiernos desde entonces y en particular durante los ocho años de la administración de Álvaro Uribe, el país ha sido testigo de cómo se siguió aplicando en exceso —¡y con qué exceso!— la vieja costumbre. Día tras día se descubren nuevos casos de designaciones hechas para apoyar la primera y la segunda frustrada reelección. De ingrata recordación es el escándalo de la “yidispolítica”, de la que, por recursos jurídicos, hasta ahora la única condenada ha sido la beneficiaria y no quienes ofrecieron los nombramientos, cuando para que exista ese delito se requieren los dos sujetos. Por estos días, y por similares conductas, la Fiscalía ha iniciado una nueva investigación que vincula a quien fuera secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
La puesta en ejecución de la nueva Ley de Tierras, el debate sobre los propietarios del Parque Tayrona y otros parques naturales, las nuevas disposiciones sobre supresión de trámites y, en el comienzo de este año, la posesión de dos nuevos alcaldes que se encontraban presos, han vuelto a plantear el debate sobre las funciones de los notarios.
El país tiene derecho a desconfiar de muchos de aquellos que resultaron favorecidos con nombramientos originados por razones políticas, sobre todo porque varios de los que influyeron para esa decisión están sindicados y presos por parapolítica. Es un grave indicio que ha dado lugar a tener malos presentimientos. Pero para eso están las autoridades judiciales, que están investigando, mientras la opinión pública se halla a la expectativa de esos resultados. Ojalá sean aislados los casos denunciados, como sostienen los organismos voceros de los notarios, para que el país vuelta a tener confianza en sus dadores de la fe pública. Pero como están las cosas hoy, tenemos nuestras dudas.
Los notarios han salido en su propia defensa invocando que no se generalicen acusaciones a todo el gremio porque haya algunos de sus miembros que han cedido a los cantos de la ilegalidad. En esto hasta razón tienen, aunque las manzanas podridas no sean pocas. En lo que no tienen tanta razón es en la otra parte de su defensa que, palabras más palabras menos, consiste en argumentar que nada tienen que ver con lo que sucede antes de que los documentos lleguen para su trámite en la notaría. En síntesis, que su única función es estampar firmas y sellos.
Así, en el caso que ha ocupado la atención estas semanas: los alcaldes presos que fueron posesionados, los notarios han aclarado que ellos lo hicieron ante testigos en la cárcel y no ante notario, y que el acta correspondiente se llevó a una notaría solamente para protocolizarla. Y ya, lavadas sus manos. No, si esto fue así, el notario debió abstenerse de cumplir esta diligencia porque debía saber, él más que nadie, que ese acto de posesión era contrario a la ley y ellos están obligados a velar porque todos los actos que se les presenten no sea ilegales. Cuando lo son, y no cabe duda de que éstos tienen ese vicio, no pueden realizar esa función y haberlo hecho es muy similar a haber suscrito las actas de posesión.
Como la mujer del César, los notarios no sólo deben ser honestos, sino parecerlo.