Hemos tardado muchos años en reconocer que los tampones y las toallas higiénicas son esenciales para la dignidad básica de las mujeres. Esta semana, la Corte Constitucional tomó una decisión necesaria y lógica que, en retrospectiva, debería tratarse de un asunto ya saldado en el país. Al ordenar que las mujeres habitantes de la calle deben tener acceso gratuito y eficaz a los productos necesarios para su higiene básica, así como espacios seguros para el aseo, el alto tribunal le pidió al Distrito de Bogotá que intervenga de manera urgente en lo que podría ser una crisis de salud pública. El mensaje para las otras entidades territoriales es claro: llegó la hora de revisar sus políticas de asistencia para garantizar que no se estén violando derechos fundamentales de las ciudadanas.
La menstruación ha sido, históricamente, un tema tabú. Hace unos años, El Espectador contó la historia de Diana Sierra, una diseñadora colombiana que ha revolucionado la realidad de muchas niñas en África al crear calzones y toallas reutilizables. Según datos de Sierra, el 40 % de las niñas en el mundo no tienen acceso a productos sanitarios cuando menstrúan. Esto significa que, por lo menos una semana al mes, por temas de higiene y vergüenza, terminan faltando al colegio. Como explicó la diseñadora, la menstruación “viene con un luto forzado que nos obligó, a mí y a muchas niñas, a enterrar una niñez en la que éramos invencibles, autosuficientes y soñadoras, por una vida en la que somos frágiles y restringidas no solo física sino culturalmente”.
Se trata de una situación que acompaña a las mujeres a lo largo de su vida y que aumenta la brecha de desigualdad entre los sexos. A esto se le suma que las toallas higiénicas y los tampones son costosos, lo que causa un gasto considerable mensual por el solo hecho de ser mujeres. Cuando los recursos son escasos, la dignidad de las mujeres se ve comprometida por las difíciles decisiones que deben tomar sobre dónde cortar gastos.
El caso que la Corte Constitucional estudió demuestra, de manera cruda, la urgencia de entender el tema como una crisis de salud pública. Los magistrados conocieron a una mujer que vive en las calles de Bogotá y que durante su menstruación suele usar trapos, reutilizar toallas higiénicas que encuentra en la basura o las que en algunas ocasiones puede adquirir. Como ella, según datos del DANE, se estima que hay por lo menos 1.061 mujeres habitantes de la calle. Es inaceptable que tengan que recurrir a esas prácticas inhumanas.
Por eso, el alto tribunal ordenó que la Secretaría de Integración Social se encargue “del suministro de dichos materiales de absorción de líquidos menstruales adecuados”. En síntesis, los magistrados concluyeron que “le corresponde al Estado garantizar las condiciones mínimas de vida digna y, para ello, debe prestar asistencia y protección a las personas a través de la inversión en el gasto social o mediante la adopción de medidas concretas en su favor”. El plan de contingencia que responda a la sentencia no solo debe encontrar la manera de suministrar los implementos de higiene, sino también “brindar instalaciones adecuadas para que las mujeres puedan realizar las distintas actividades (de salubridad), entre ellas la higiene”.
Hace un año, la Corte tumbó el impuesto del 5 % a las toallas, los tampones y protectores relacionados con la menstruación. El argumento utilizado es similar al de esta nueva decisión: no deberían existir obstáculos para la higiene esencial de las mujeres. Ya era hora de que esta realidad se acepte en Colombia.
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